El ligerísimo aumento del número de víctimas y denuncias y la disminución de las órdenes de protección solicitadas a los órganos judiciales pone de manifiesto que las consecuencias de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 se han mantenido también durante el primer trimestre de este año.
Según las estadísticas que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicas hoy, entre el 1 de enero y el 31 de marzo se registraron en la Comunidad de Madrid 5.580 denuncias, un 0,1 por ciento más que hace un año y hubo 5.472 víctimas, lo que equivale a un aumento del 0,5 por ciento.
En cuanto a las órdenes de protección, se solicitaron ante los juzgados de violencia sobre la mujer y ante los juzgados de guardia de la región un total de 1.195, un 5,7 por ciento menos que hace un año.
Sin embargo han aumentado sensiblemente el número de sentencias dictadas por los distintos órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales), que fueron 301, frente a las 241 dictadas en el primer trimestre de 2020. La proporción de sentencias condenatorias experimentó un leve descenso, al situarse en el 71,4 % del total de dictadas, un 0,5 por ciento menos que en el periodo precedente de referencia.
Aumenta el número de denuncias presentadas por la víctima
El porcentaje de denuncias presentadas directamente por las víctimas, bien en comisaría (4.187, el 75 % del total) bien en el juzgado (68, el 1,21%), ha aumentado con respecto al ejercicio anterior al pasar del 71,72 % al 76,21 % de todas las registradas. Es decir, siete de cada diez denuncias son de la propia víctima.
También han experimentado un ligereo descenso las denuncias presentadas por los familiares de la víctima, si bien éstas siguen manteniéndose en un porcentaje muy bajo. En el primer trimestre de 2020 apenas fueron el 1,66 por ciento del total; este año, entre enero y marzo, representaron el uno por ciento: 56 denuncias se presentaron ante la policía y seis en el juzgado.
Leve descenso del número de víctimas
En el periodo analizado, el número total de víctimas fue de 5.472, un 0,5% más que en el mismo trimestre de 2020, en el que sumaron 5.445. De ellas, 3.049 (55,7 %) eran españolas y 2.423 (44,25 %), extranjeras. El total de víctimas menores tuteladas ascendió a seis, de las cuales el 33,3 % (dos) tenían nacionalidad española y el 66,6 % (cuatro), otras nacionalidades.
La tasa de víctimas de la violencia de género en toda España fue de 14,2 por cada 10.000 mujeres, prácticamente la misma que hace un año (14,4).
Por comunidades autónomas, la tasa más alta fue la de Murcia, con 19,7 víctimas por cada 10.000 mujeres. También por encima de la media nacional se situaron Baleares (18,5), Comunidad Valenciana (18,3), Canarias (18,2), Andalucía (16,1) y Madrid (15,6).
Los territorios con una ratio más baja que la media nacional fueron Cantabria y Castilla-La Mancha (12,7), Cataluña (11,9), Navarra (11,7), Asturias (11,6), País Vasco (10,6), La Rioja (10,4), Galicia (10,3), Extremadura (19,1), Aragón (10) y Castilla y León (9,6).
Renuncias de la víctima
Una de cada diez víctimas de violencia machista (el 11,78 %) se acogió a la dispensa de la obligación de declarar. En total fueron 645, un 5,7 % menos que en el mismo trimestre de 2020. De ellas, 323 eran españolas y 322 tenían otra nacionalidad.
Órdenes de protección
La tendencia de las órdenes de protección durante los primeros tres meses del año ha sido descendente, en línea con la del resto de los indicadores de la violencia de género. Si se toma en consideración el total de órdenes de protección solicitadas (las solicitadas ante los juzgados de violencia sobre la mujer, que fueron 1.195, más las registradas en los juzgados de guardia, que fueron 94), ascendieron a 1.289, 22 menos que en el primer trimestre de 2020 (un 5,7 % menos). Las acordadas sumaron un total de 615 (543 por los juzgados especializados y 72 por los juzgados de guardia), cifra que representa el 45,3 % de las solicitadas.
En el 48,70 % de los casos, la víctima mantenía una relación afectiva con el agresor (su cónyuge o pareja) en el momento de solicitar la orden de protección.
Medidas judiciales penales y civiles derivadas de las órdenes de protección
Los juzgados adoptaron también un total de 1.805 medidas civiles y penales de protección de las víctimas (mujeres y menores), derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares. Las medidas penales más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (565) y las prohibiciones de comunicación (485), que representan, respectivamente, el 31,3 y el 26,88 % de las medidas adoptadas por los juzgados de violencia sobre la mujer. Las primeras disminuyeron un 3,1% respecto a las acordadas en el primer trimestre de 2020; las segundas, disminuyeron un 14,76 por ciento.
Las medidas civiles acordadas sumaron 479, de las cuales el 95,82% (459) lo fueron en el ámbito de la orden de protección y el 4,19 % restante (20), como medidas cautelares. El 30,68 % de las medidas civiles estaban relacionadas con la prestación de alimentos y el 29,430 % con la atribución de la vivienda. El 8,97 % supusieron la suspensión de la guardia y custodia y el 9,39 % la suspensión del régimen de visitas.
Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron durante el periodo analizado tres medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, dedica sus primeras palabras a la memoria de las víctimas mortales de la violencia machista y a condenar de forma enérgica y contundente este tipo de crímenes, que han aumentado de forma muy preocupante tras el levantamiento del estado de alarma, el pasado 9 de mayo. Desde ese día, han sido asesinados 10 mujeres y un menor; desde principios de año, la violencia machista se ha llevado por delante la vida de 21 personas, 18 mujeres y tres menores.
Mención especial quiere hacer la presidenta del Observatorio al caso de las dos niñas de Tenerife desaparecidas el 27 de abril, una de las cuales fue hallada muerta el pasado viernes. Se trata de la manifestación más cruel y despiadada de la violencia machista, que el maltratador ejerce sobre los hijos e hijas de las víctimas, en muchos casos también hijos suyos, para causar el mayor dolor que se puede infligir a una madre.
Por todo ello, Carmona alerta de que la disminución, entre enero y marzo de este año, del número de denuncias, de víctimas y de órdenes de protección no supone un descenso real de la violencia machista en nuestro país. Esos números son aún reflejo del efecto causado por la crisis sanitaria en este ámbito, donde las restricciones a la movilidad han supuesto un escollo más para las víctimas a la hora de dar el paso y denunciar. De hecho, desde que se decretó el estado de alarma, el 14 de marzo del pasado año, se ha producido un descenso más o menos acusado, pero constante, de esos indicadores.
En opinión de la presidenta del Observatorio, los asesinatos ocurridos desde el 9 de mayo -uno cada 3 días- ponen de manifiesto que la violencia machista ha estado larvada durante la crisis sanitaria y, con el regreso a nuestros hábitos previos a la pandemia, se ha vuelto a mostrar con toda su crueldad. Las restricciones a la movilidad han permitido a los maltratadores tener el control absoluto sobre sus víctimas. Con la vuelta a la normalidad, la situación ha cambiado: ha desaparecido ese férreo control y la consecuencia es la que todos estamos presenciando con horror.
Por tanto, no se puede bajar la guardia. Ni las instituciones, cuyo deber es proteger a las víctimas de la violencia machista y no dejar impunes estos delitos; ni tampoco el conjunto de la sociedad, pues en nuestras manos, en las de cada ciudadano, está la posibilidad de prestar ayuda a una mujer que está sufriendo malos tratos.
