Gacetín Madrid

Con el fin de ayudar al consumidor a comparar los precios de productos similares con medidas diferentes, los supermercados están obligados a indicar, junto al precio de venta, el precio equivalente por unidad de medida estándar, habitualmente por kilo o por litro, pero también por metro (film de aluminio), por unidad (papel higiénico), por docena (huevos) o por lavado (detergentes). Sin embargo, en uno de cada cinco casos se observan graves errores, denuncia la Organización de Consumidores (OCU).

El estudio de OCU, que revisa los precios de 10 productos de gran consumo en 28 cadenas de supermercados de implantación nacional y regional, revela todo tipo de fallos. El más habitual, un error de cálculo (como asignar el precio al peso neto en vez de al escurrido), pero también se observan redondeos mal hechos, medidas equivocadas (en huevos, por ejemplo, unas veces se indica precio por unidad y otras por docena en un mismo súper), así como precios poco visibles o sin equivalencia. Fallos que afectaron en mayor medida al gel de ducha, los huevos, el desodorante, al detergente y a las conservas en lata.

Las cadenas físicas que acumulan un mayor número de errores son Hiperdino, Carrefour Market y La Despensa: en estos supermercados el porcentaje de fallos superaba el 30% de los productos seleccionados. Por el contrario, en Eroski, Más, Bon Preu y Eroski Center los errores afectaban a menos de un 10% de esos mismos productos, señala OCU.

Otras cadenas presentan graves fallos en sus tiendas virtuales: en la web de Mercadona no se muestra el precio equivalente en la pantalla de resultados, mientras que en la tienda online de La Despensa no hay espacio previsto para ponerlos. Mientras que en Hiperdino abundan las medidas equivocadas y los fallos de visibilidad. Por el contrario, en Dia, Ahorramás, Eroski y Condis, los fallos afectan a menos del 5% de los alimentos y productos de droguería seleccionados.

OCU considera que los supermercados no prestan la suficiente atención a las indicaciones de precios en los lineales: cuando el cálculo implica algún detalle particular o una mínima complicación, los fallos se disparan. «Una situación difícilmente defendible si tenemos en cuenta que la normativa que regula esta materia está en vigor desde 2002», subrayan. Y que este tipo de errores ya fueron denunciados por la Organización a través de estudios similares realizados en 2011 y 2017.

OCU insta a las autoridades de Consumo competentes a «aumentar el control de precios y sancionar aquellos supermercados donde se observen fallos recurrentes». «Más si cabe ahora, en un contexto de reduflación, donde se reduce la cantidad de producto manteniendo el precio y la apariencia del envase», inciden. De lo contrario se «estará privando a los consumidores de su principal herramienta de comparación de precios, que garantiza una compra libre e informada». 

Este viernes, 13 de diciembre, a las 12:30 horas, los agentes forestales de la Comunidad de Madrid se concentran ante las puertas de la Consejería a la que pertenecen, la de Medio Ambiente, Agricultura e Interior (calle de Alcalá, 16), para exigir el desarrollo del Cuerpo de Agentes Forestales, para protestar por la «nula organización» de dicho Cuerpo y para pedir una negociación «abierta a los representantes de la mayoría del colectivo».

La Consejería que dirige Carlos Novillo «ha incumplido la casi totalidad de las medidas acordadas en los dos últimos Acuerdos que rigen el desarrollo del Cuerpo, 2018 y 2021», denuncian, «impidiendo, a la vez, que los representantes de CSIF y CCOO se sienten en la negociación con la Administración a pesar de representar una mayoría amplia de agentes forestales».

CSIF y CCOO denuncian, una vez más, la «lamentable situación de las oficinas donde prestan servicio los agentes; dos con riesgo de cáncer por exposición al radón, con una de ellas triplicando los límites establecidos por la OMS, otras sin agua potable, varias con severos riesgos para la salud, la práctica totalidad sin espacio físico para separar usos y dependencias, sin posibilidades para situar taquillas, etc. De nuevo, el proyecto de presupuestos autonómicos para 2025 no trae ni un solo euro para Oficinas Comarcales nuevas».

«Denunciamos el precario número de agentes forestales que forma el Cuerpo. Las oposiciones se eternizan, la última duró cuatro años, y la ratio de nuevos agentes frente a los que se jubilan es casi negativa. Prestan servicio un gran número de agentes de más de 60 años, que se enfrentan a situaciones de evidente riesgo en incendios forestales o en sus funciones policiales. Minimizando con ello el potencial de protección medioambiental de este Cuerpo», subrayan.

La Consejería somete a sus agentes a «refuerzos en verano, les impide coger vacaciones, tan solo 13 días, y no tiene reparo en culpabilizarlos de esa falta de recursos humanos cuando están de baja o tienen licencias por defunciones o enfermedades graves de familiares».

En el verano de este año se han dado numerosas situaciones en las que solo ha habido un agente forestal en comarcas con más de 100.000 hectáreas de terreno. Como el día que se produjo el gran incendio forestal de Loeches, donde solo había una agente de guardia para las 108.097 hectáreas de la Comarca VII – Este.

«No existe organización alguna en un Cuerpo en el que cada día crece más el aparato que debe ofrecerla y, sin embargo, las responsabilidades se derivan a los propios agentes forestales. La entrada de dieciséis nuevos técnicos para la Jefatura del Cuerpo durante esta última primavera tiene escandalizado a todo el colectivo, ya que con honorarios muy elevados se ha decidido unilateralmente que hagan funciones de agente forestal base en las propias comarcas forestales», inciden.

El Cuerpo de agentes forestales es «un Cuerpo dividido». En las Comarcas, los agentes prestan servicio «sin apenas medios para ejercer sus funciones y competencias, sin infraestructuras que apoyen y den amparo a ese servicio». Y en la Jefatura del Cuerpo, en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, los responsables del colectivo «viven ajenos a la responsabilidad que tienen con el Cuerpo y con el medio natural de la Comunidad de Madrid», concluyen.

Foto: CSIF.

Agentes de la Policía Nacional, junto con la Policía Nacional del Perú, con la colaboración de la Agregaduría de Interior en ese país, han desmantelado la infraestructura tecnológica de una organización criminal que estafó más de 3 millones de euros mediante vishing.

Se ha detenido a un total de 83 personas, entre las que se encuentra el líder de la organización, 35 en diferentes puntos de España -Madrid, Vigo, Barcelona, Mallorca y Salamanca- y a 48 en Perú. Se han llevado a cabo 29 entradas y registros en ambos países de manera simultánea, en las que se han intervenido dinero, teléfonos móviles, dispositivos informáticos y abundante documentación relativa a estas estafas.

La Comunidad de Madrid elimina más de 120 términos peyorativos sobre discapacidad de toda su normativa autonómica, incluidos actualmente en 30 disposiciones legislativas y reglamentarias. Tanto PP como Más Madrid y Vox han votado a favor, mientras que el PSOE se ha abstenido, reclamando que también se aplicase esta supresión al Estatuto de Autonomía.

Así, la Asamblea autonómica ha dado luz verde, hoy, a la Ley de Adaptación Normativa de la Comunidad de Madrid a la nueva terminología para referirse a las personas con discapacidad, que entrará en vigor tras su próxima publicación en el Boletín Oficial regional -BOCM-.

La Ley revisa 11 disposiciones legislativas para adecuar su terminología y se han modificado una veintena de expresiones. Además, el mes pasado se aprobó en Consejo de Gobierno también un Decreto que tiene la misma finalidad que esta Ley. En este caso, se han analizado 19 disposiciones reglamentarias y se ha cambiado más de un centenar de términos.

Tanto con la Ley como con el Decreto se sustituyen las referencias peyorativas para las personas con discapacidad en todo el cuerpo normativo de la Administración regional como, por ejemplo, en la Ley 1/1986 de la Función Pública de la Comunidad de Madrid y la Ley 8/1993 en Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.

El principal objetivo del Gobierno regional es aunar esfuerzos para avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, de la mano también de las organizaciones que representan a este colectivo. De hecho, el Ejecutivo autonómico ha desarrollado esta normativa con la participación de sus organizaciones representativas.

Además, en el texto se garantiza un lenguaje apropiado y respetuoso en el ámbito de la discapacidad, tanto en las disposiciones normativas como en las resoluciones, actos, comunicaciones y manifestaciones de sus autoridades y empleados públicos.