La FRAVM y las asociaciones vecinales de los barrios afectados por el proyecto PALM-40 han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid tras comprobar que la empresa constructora ha seguido adelante con las obras a pesar de que el Ayuntamiento no ha aprobado aún el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos acordado. Este hecho podría dar lugar a la presentación de una querella por delitos contra la salud y el medio ambiente.
Tras meses de manifestaciones en la calle, recogidas de firmas y contactos con los representantes políticos, solo la llegada de la pandemia del COVID-19 y la declaración del Estado de Alarma consiguió frenar la movilización ciudadana contra la plataforma logística PALM-40.
Después de este paréntesis de tres meses, sus impulsores vuelven a la carga al poner el caso en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente la Comunidad de Madrid. El pasado jueves, la Plataforma Vecinal Usera-Villaverde registró una denuncia en esta institución al entender que el desarrollo del proyecto puede albergar delitos contra el medio ambiente y la salud de la población y prevaricación administrativa.
La FRAVM y las asociaciones vecinales de Orcasur, Guetaria y La Cornisa (Usera) y Los Hogares, La Incolora, San Nicolás y La Morada (Villaverde) han tomado esta decisión después de advertir durante meses que las obras de la planta logística seguían ejecutándose a pesar de que el proyecto carece de plan de movilidad y el Ayuntamiento no ha aprobado aún el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos (PECUAU) que estableció en el pleno municipal del 27 de marzo del año pasado.
La constructora valenciana Pavasal ha continuado los trabajos a buen ritmo, incluso durante el Estado de Alarma, y ahora la Fiscalía de Medio Ambiente debería dilucidar si hay motivos para presentar una querella o abrir un proceso de instrucción judicial, no solo contra ella sino también contra la entidad promotora BNP Paribas Real Estate y los responsables municipales que han otorgado las licencias.
En su documento al ministerio público, las entidades ciudadanas destacan el itinerario jurídico “poco riguroso” del proyecto de la plataforma logística, ya que sus impulsores iniciaron las obras con una mera declaración responsable y para conseguir la preceptiva licencia de obra “alteraron la realidad material y jurídico objeto de la misma”.
En concreto, demandaron una licencia para una planta menor a la proyectada o, dicho de otro modo, para la superficie que incluye la primera fase y no para los 98.965 metros cuadrados de las dos fases de ejecución del proyecto.
«Pero lo realmente grave es que tanto la empresa como el Ayuntamiento hayan ignorado el acuerdo del pleno municipal que establece que con carácter previo a la concesión de cualquier licencia de edificación o de actividad, con el objeto de valorar la incidencia del proyecto en el medio ambiente, se deberá presentar el correspondiente Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos», denuncian.
Pues bien, a día de hoy el PECUAU ni se ha aprobado ni tan siquiera solicitado, de tal forma que el desarrollo del proyecto, que ya ha finalizado su Fase 1, podría “conllevar un delito de prevaricación y/o de prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio y el urbanismo”.
«Más ruido, más polución, menos seguridad vial»
Desde que tuvieron conocimiento de que BNP Paribas pretendía construir la plataforma de distribución de última milla más grande de Madrid en la parcela que se encuentra en el número 104 de la calle Eduardo Barreiros, las asociaciones vecinales alertaron de las consecuencias que su actividad podía tener en los barrios circundantes. Tal y como recoge la denuncia ante la Fiscalía, “su utilización de 2.000 vehículos diarios, entre camiones pesados y furgonetas conllevaría una grave incidencia sobre el medio ambiente y sobre la salud del vecindario”, al generar “niveles inaceptables de ruido, polución y tráfico y, por lo tanto, afecciones en la salud”.
No hay que olvidar que la zona se encuentra próxima a una de las estaciones de medición de contaminación atmosférica, la de Plaza Elíptica, que regularmente arroja unos de los peores datos de toda la red municipal. “Las naves de descarga, además, están rodeadas de zona residencial, y la misma conllevará aumentar la inseguridad vial, con más accidentes y atropellos”, indican las asociaciones vecinales.
La apertura de PALM-40 «va a producir un incremento no sólo de la contaminación, sino igualmente por ruidos, siendo los barrios directamente afectados San Luciano, Ciudad de los Ángeles, Euskalduna, San Nicolás, Arechavaleta, Cruce, Nueva Esperanza, Litos, Villaverde Alto, Orcasur, Meseta y Poblado Dirigido de Orcasitas, San Fermín, El Espinillo y Villaverde Bajo”.
Además, continúa el escrito entregado a la Fiscalía, “se debe destacar que la meritada Plataforma Logística no tiene acceso alguno directo a vía rápida, lo que conlleva que se deba circular por las vías urbanas del vecindario hasta acceder a ésta, con lo que ello va a conllevar a efectos de contaminación y ruidos, así como, de problemas de movilidad para dicho vecindario”.
En su denuncia, los grupos vecinales apuntan no solo a la empresa constructora, Pavasal, y a la entidad promotora, BNP Paribas, sino también “a quienes aparecen autorizando las meritadas obras de construcción, Don Daniel Fernández Martínez, Jefe de la Unidad de Resoluciones, y la propia Gerente de la Agencia de Actividades, Doña Myriam Peón González”.
Ahora la Fiscalía deberá decidir si admite a trámite la queja de los colectivos ciudadanos, que entienden que esas entidades y personas pueden “resultar responsables de los delitos de falsedad, delito de administración desleal o fraudulenta, delito de apropiación indebida, delito de estafa, delito de estafa de inversores, delito contra los derechos de los trabajadores, delito de publicidad engañosa y cualquier otro tipo delictivo que pudiera surgir en el seno de la investigación y/u oportuna instrucción”.
