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Se disparan un 10,2% las denuncias por violencia de género en Madrid

Gacetín Madrid
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Los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid recibieron durante el segundo trimestre de 2024 un 10,2 % más denuncias por violencia de género que en el mismo trimestre del año anterior, si bien el número de mujeres víctimas disminuyó en el mismo periodo un 1,2 por ciento.

El número total de órdenes de protección incoadas aumentó un 7,1 por ciento, pues se solicitaron un total de 1.724 tanto a los juzgados de violencia sobre la mujer como a los juzgados de guardia. Según el “Informe trimestral sobre Violencia de Género” dado a conocer hoy por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, entre abril y junio hubo en Madrid un total de 7.128 mujeres víctimas y se presentaron 8.045 denuncias.

El estudio muestra también un aumento interanual del 11,44 % en el número de órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados en funciones de guardia; en cuanto a las sentencias dictadas, la cifra apenas varió al alcanzar las 1.720. El 73,6 por ciento de ellas contenían un fallo condenatorio para el agresor.

Un trimestre más, algo más de la mitad de las víctimas (el 53,1 %) tenían nacionalidad española, mientras que el 46,9 % restante procedían de otros países. La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres disminuyó en relación con la del segundo trimestre de 2023 al situarse la media nacional en 18,5 frente a la media de hace un año (19,2).

Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 28,5 víctimas cada 10.000 mujeres; Comunidad Valenciana, con 24,1; Canarias, con 23,1; Murcia, con 22,4; Navarra, con 21,5; Andalucía, con 21,1; y Madrid con 19,4. Las tasas inferiores a la media nacional se contabilizaron en Castilla y León, con 11,9; La Rioja, con 12,5; Galicia, con 13,1; Cantabria, con 13,5; País Vasco, con 14; Extremadura, con 14,3; Cataluña, con 15,1; Castilla-La Mancha, con 15,3; Asturias, con 15,9; y Aragón, con 17,6.

Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante se mantuvieron prácticamente sin variaciones durante el trimestre analizado. Así, una vez más, en casi tres de cada cuatro casos (6.379, el 79,29 %), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría.

Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (103), que apenas alcanzaron el 1,28 % del total. Las denuncias por intervención directa de la policía fueron 924 y las derivadas de partes de lesiones, 301, que representaron el 11,48 y el 3,74 por ciento, respectivamente. Por último, las presentadas por terceras personas (338) representaron el 4,2 por ciento del total.

Importante aumento del número de mujeres que renuncia a declarar contra su agresor

El porcentaje de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar experimentó un importante incremento en la región de Madrid al situarse en 1.298 casos, frente a los 657 de hace un año, lo que supone un 97,6 por ciento más que en el periodo de referencia.

Este aumento rompe la tendencia descendente que empezó a apreciarse en el año 2021, cuando el número de casos fue un 15,93 por ciento menor al de 2020, y en 2022, con un 11,7 por ciento también de menos casos que en 2021.

En el trimestre analizado, de las mujeres víctimas que renunciaron a declarar contra su agresor, 659 (el 50,8 %) eran españolas y 639 (el 49,2 por ciento) tenían otras nacionalidades.

Se adoptaron una de cada dos órdenes de protección solicitadas

Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 1.724 órdenes de protección, un 7,1 % más que hace un año. De ellas, 1.569 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 155 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 808, un 11,44 % más que hace un año. Es decir, se acordaron prácticamente una de cada dos órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 701, el 44,67 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 107, el 69 % de las solicitudes registradas.

Medidas judiciales penales y civiles de protección

Los órganos judiciales madrileños acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 1.475 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). Las medidas de este tipo más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (622), que representaron el 42 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (618), un 41,89 por ciento del total.

Asimismo, los órganos judiciales de la región dictaron 590 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (171), que representaron el 29,9 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (137), el 23,22 % del total.

Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 128 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas, que representaron el 21,69 % del total de las medidas civiles adoptadas, y 85 medidas civiles consistentes en la suspensión de la guardia y custodia, cifra que representa el 14,4 % del total de medidas civiles acordadas en el periodo analizado; asimismo, acordaron siete medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y, en 27 casos, suspendieron la patria potestad.

Los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencia Provincial) dictaron durante el segundo trimestre del año un total de 1.720 sentencias, de las que 1.266 (73,6 %) contenían un fallo condenatorio para el agresor.

Los Juzgados de Menores de la región dictaron ocho sentencias en procedimientos por violencia de género: siete con imposición de medidas y una sin imposición de medidas. De los ocho menores enjuiciados por este tipo de delitos, cinco eran españoles y tres tenían otras nacionalidades.

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