CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE se ha mostrado muy crítica ante el plan de ahorro energético aprobado esta semana por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE. La patronal madrileña reprocha al Ejecutivo «la falta de estrategia en sus políticas y que, una vez más, no se cuente con los afectados» para la elaboración de un plan, que, según los empresarios madrileños “perjudica gravemente la actividad y carece de medidas que favorezcan la producción y el empleo”.
En concreto, y en relación con las medidas de fomento del ahorro y la eficiencia energética que recoge la normativa, CEIM rechaza tanto la forma como el contenido de las misma por los siguientes motivos:
a) Resulta improcedente recurrir una vez más a un Decreto-ley para introducir nuevas obligaciones para las empresas, que bien podrían esperar el proceso ordinario de debate y participación.
Esta forma de gobernar, tan frecuente en esta Legislatura, está evitando constantemente el debate parlamentario, la consulta con las comunidades autónomas y las Administraciones locales, así como el proceso de participación de la sociedad civil.
En particular, es patente la constante falta de consideración con los representantes de las empresas, siendo éstas las llamadas a aplicar las medidas y asumir los costes.
b) La norma, además, resulta caótica en su contenido, porque, entre otras cosas, reforma un Decreto-ley de hace tan solo una semana en relación con la cotización de autónomos; y, además, resulta incoherente con la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a la temperatura máxima bajo la que se puede desarrollar la actividad profesional en el ámbito comercial. De hecho, la normativa de aplicación existente impide que los trabajos ligeros, como es el caso del comercio, se desarrollen a más de 25 grados.
c) Más lacerante aún es el contexto en el que se aprueba esta norma: El paulatino descenso de creación de puestos de trabajo y de la cifra de autónomos, como se pudo conocer ayer mismo, exige dejar de introducir lastres a los creadores de empleo.
Por ello, rechazamos absolutamente que, en estos momentos, caracterizados por inflación disparada, endurecimiento de la financiación y mayor presión fiscal, se introduzcan nuevos costes para las empresas y autónomos de España.
En concreto, obligar a nuevos sistemas de cierre de puertas, elaborar carteles informativos y adelantar las inspecciones de eficiencia energética, son nuevos costes. Lamentamos que la norma no contemple ningún tipo de estímulo o ayuda para afrontarlos.
d) En lugar de ahogar en la oscuridad los escaparates de las tiendas, con la ausencia de estímulo a la compra de productos, la inseguridad ciudadana que ello conllevará, y el ataque frontal a la libertad de empresa que supone, sería más razonable que el Gobierno diseñara otras medidas tendentes a favorecer la eficiencia energética, el aumento de la generación y la reducción de la dependencia exterior.
«Merece la pena recordar que hace menos de dos semanas, tras el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía, celebrado el 26 de julio, la Vicepresidenta Tercera del Gobierno indicó que España cumpliría la reducción del 7% de consumo con medidas voluntarias», señalan.
Desde la patronal madrileña confían en que el Gobierno nacional «recapacite sobre la inoportunidad de esta norma y rectifique. No está la situación económica y el mercado de trabajo para aguantar constantes ocurrencias no testadas ni consultadas con los afectados, y sí para dejar de lanzar medidas aleatorias y aprovechar los Fondos Europeos para ayudar a las empresas y ciudadanos en la eficiencia energética».
Asimismo, «por las razones formales de falta de urgencia (exigencia del artículo 86 de la Constitución) y por el ataque injustificado a la libertad de empresa (artículo 38), apoyaremos la decisión de la Comunidad de Madrid de recurrir este Real Decreto y nos ponemos a disposición de las distintas administraciones regionales y nacionales para crear una mesa de trabajo conjunto para elaborar un verdadero plan estratégico que contenga medidas a corto, a medio y a largo plazo para compatibilizar la necesaria eficiencia energética con la fundamental actividad económica generadora de riqueza y empleo».
