La ONU pide la suspensión del desahucio este miércoles en Vicálvaro de una familia con cuatro niños

• Ante la negativa de la Agencia de la Vivienda Social a paralizar el lanzamiento, la Asamblea de Vivienda de Vicálvaro, con el apoyo de la Asociación Vecinal de Vicálvaro, ha convocado un Stop Desahucio a las 08:15 de este miércoles, 6 de noviembre, ante el portal de la vivienda.
• «La AVS ha usado la excusa de una inexistente conflictividad vecinal de la familia para impulsar su expulsión», denuncian.

En una carta con fecha de ayer, 4 de noviembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, informa a la familia de Zaira, amenaza por una orden de desahucio que debe ejecutarse este miércoles, que “ha solicitado al Estado tomar medidas para evitarles posibles daños irreparables mientras el caso está siendo examinado por el Comité, incluyendo suspender el desahucio de la vivienda en la cual actualmente habitan, o alternativamente otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades”.

Pero a pesar de esta solicitud, hasta el momento las administraciones no han paralizado esta expulsión, que puede dejar en la calle y sin alternativa habitacional a esta mujer, a su marido enfermo Luis y a sus cuatro hijos menores.

Por ello, la Asamblea de Vivienda de Vicálvaro, con el apoyo de la Asociación Vecinal de Vicálvaro ha decidido mantener la acción de Stop Desahucio convocada para este miércoles.

A tal fin, y con las consignas #ZairaSeQueda y #NingúnDesahucioEnBarrioObrero, invita a la ciudadanía a acudir a las 08:15 a la puerta del portal de la casa afectada, que se encuentra en el número 20 de la calle Arroyo del Juncal, en Vicálvaro.

Tal y como indica la Asamblea de Vivienda de este distrito del sureste, “Zaira recuperó la vivienda, perteneciente a la Agencia de Vivienda Social (AVS), hace diez años. Desde entonces vive allí con sus cuatro hijos menores y su marido, el cual está diagnosticado con una discapacidad del 65%”.

A pesar de «su más que demostrado arraigo social en el barrio», la AVS de la Comunidad de Madrid se niega a regularizar su situación, alegando “conflictividad vecinal”, una “excusa desmentida por sus propios vecinos y vecinas”, subraya el colectivo.

“Mientras, las soluciones que se llevan planteando desde el Ayuntamiento son, y no teniendo otras, contactar a través de Servicios Sociales con Provivienda, una asociación sin “ánimo de lucro” con financiación pública, y que tiene un contrato de seis meses que ofertar. Esta asociación propone a la afectada un pago de alquiler a precio de mercado o, directamente, la calle en caso de no poder asumir dicho alquiler”, informa la agrupación Stop Desahucios de Vicálvaro, antes de criticar que sean las propias administraciones, en este caso la Comunidad de Madrid, las que vulneren “el derecho básico y fundamental a una vivienda digna”.

Dictamen de condena a España

Ya el pasado 30 de octubre, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas emitió, por tercera vez, un dictamen de condena a España por violar el Derecho Humano a una vivienda adecuada de una familia de Carabanchel compuesta por una madre y sus seis hijos que fueron desahuciados sin alternativa habitacional de una vivienda vacía de una entidad financiera que ocupaban por necesidad.

Este es un dictamen histórico para el reconocimiento y la protección del derecho a la
vivienda, que en nuestro país se conculca diariamente. El Comité DESC dictamina claramente que se ha producido una violación de este derecho de Viviana y su familia, al ser desalojada sin ponderar los intereses en juego, sin tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de la familia, y habiendo hecho caso omiso a la medida cautelar dictada por este organismo que solicitaba la suspensión del desalojo.

Además, el organismo de la ONU considera que el actual reglamento de adjudicación de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid, que sanciona y penaliza a las personas que están ocupando una vivienda privándolas del derecho de ser solicitantes de vivienda social, constituye una violación de los derechos humanos en sí misma e insta a su modificación.

Tal y como informa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el dictamen contiene también una serie de obligaciones particulares «para reparar el daño sufrido por la familia así como obligaciones dirigidas a las administraciones públicas para evitar la repetición de este tipo de violaciones en el futuro y que se haga efectivo el acceso, disfrute y garantía de este derecho en el Estado español».

«Un extremo que, si no lo evitamos, se volverá a conculcar mañana si finalmente Zaira y su familia son expulsados de su vivienda sin otra alternativa que la calle», exponen.