Palabras que se producen después de que la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid aprobara en su sesión de ayer una PNL presentada por Podemos que “insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que la Consejería de Sanidad realice un estudio epidemiológico que evalúe la incidencia de la exposición a los campos electromagnéticos sobre la salud de las personas que habitan o trabajan” en ese barrio de Puente de Vallecas.

La comisión aprobó la iniciativa con los votos favorables de Podemos, PSOE y Ciudadanos, que se impusieron a los votos en contra del PP. “Ahora lo importante es que el Gobierno autonómico escuche el mandato de la ciudadanía y realice el estudio que los vecinos y vecinas de Fontarrón llevamos tantos años pidiendo”, subraya Rico, que agradece el apoyo mostrado ayer por los diputados de las agrupaciones que aprobaron la PNL, en especial el de Alejandro Sánchez, parlamentario del Grupo Podemos y miembro de Equo que registró y defendió la iniciativa.

Para alegría de la Comisión de Antenas de la FRAVM, el texto de la PNL, que solicita que la investigación ponga especial atención a los números 1, 3, 92 y 94 de la calle Ramón Pérez de Ayala y al número 12 de la calle Pío Felipe (iglesia del Colegio Tajamar), fue “mejorado” con las alegaciones del PSOE, que contaron con el visto bueno de Podemos y Ciudadanos.

Estas incluyen que la Comunidad de Madrid realice un estudio epidemiológico completo y cuanto antes, y que además haga lo mismo en otras zonas de la región que presentan una gran concentración de antenas de telefonía. El vecindario de Fontarrón soporta desde hace 20 años las radiaciones electromagnéticas de 28 instalaciones de este tipo y está muy preocupado por el gran volumen de casos de cáncer que han producido en el barrio.

Pero “tan importante como la demanda que afecta a Fontarrón es la petición que han hecho los tres grupos al Gobierno central”, sostiene Fernando Rico. El segundo punto de la PNL insta literalmente al Ejecutivo a que, por un lado, “presente ante el Congreso de los Diputados un nuevo Proyecto de Ley de Telecomunicaciones que recoja y aplique las recomendaciones de la Resolución 1815, de 27 de mayo de 2011, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa”, relativa al “principio de precaución”.

Y, por otro, “retorne a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas su capacidad para intervenir en la planificación y autorización de la instalación de antenas de telefonía móvil en su territorio con respecto a sus competencias urbanísticas y medioambientales”.

Por último, le pide que “elimine la capacidad de expropiar determinadas propiedades privadas por parte de la Administración general del Estado en beneficio de las operadoras sin el acuerdo con los Ayuntamientos y los propios implicados”.