El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de la capital ha presentado esta mañana de martes, 13 de enero, una denuncia ante la Fiscalía de Madrid con el objetivo de paralizar la demolición de dos inmuebles históricos situados en la calle Cabestreros, en el barrio de Lavapiés. Entre las edificaciones afectadas se encuentra el local que albergó el antiguo restaurante Baobab, un espacio emblemático del distrito de Centro.
El portavoz de Urbanismo del PSOE, Antonio Giraldo, ha justificado el recurso a la vía judicial como «último recurso» ante la falta de respuesta del equipo de Gobierno municipal. Según la documentación técnica recopilada por el grupo socialista en el Archivo de Villa, existen pruebas fidedignas de que la antigüedad de los edificios es anterior a 1752, apareciendo incluso representados en el plano de Pedro de Teixeira de 1656.
Giraldo señala que, a pesar de tratarse de testigos excepcionales del caserío tradicional del siglo XVII, los inmuebles no fueron incluidos en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de 1997. «Es incomprensible que se ignore su conservación cuando son piezas clave para entender la morfología de la ciudad previa a las reformas del siglo XIX», ha denunciado el edil.
Sustitución por un proyecto de hospedaje
La denuncia surge tras conocerse un proyecto de sustitución que contempla la demolición total de las estructuras actuales para construir un edificio de nueva planta destinado a uso de hospedaje. El nuevo proyecto prevé elevar la altura de las dos plantas actuales hasta las cinco plantas más ático, una transformación que, según el PSOE, no guarda ninguna relación con el original y pone en riesgo la integridad del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
En el escrito remitido a la Fiscalía, el PSOE solicita la suspensión «urgente e inmediata» de cualquier actuación urbanística en la parcela. Argumentan que, según la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, el derribo en zonas BIC solo puede autorizarse de forma excepcional, algo que no se cumpliría en este caso al pretender sustituir un patrimonio histórico por una explotación turística.
Obligación constitucional de protección
Antonio Giraldo ha recordado que los poderes públicos tienen la obligación constitucional de proteger y poner en valor el patrimonio cultural. «Si el Ayuntamiento no actúa para preservar esta parte de la historia de Madrid, el grupo socialista agotará todas las vías posibles para evitar que la piqueta acabe con estos inmuebles», ha sentenciado el concejal.
El grupo municipal ya remitió hace escasos días una carta al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, solicitando una suspensión cautelar y un estudio arqueológico profundo, petición que, ante la inminencia de las obras, ha derivado ahora en la denuncia ante el Ministerio Fiscal.
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