Izquierda Unida «sigue apostando por un modelo de ciudad participado y equilibrado que defienda el desarrollo social de los barrios de manera sostenible».
El desarrollo de la Operación Chamartín ha sufrido un nuevo hito al habersealcanzado un nuevo acuerdo entre el Ministerio de Fomento, Distrito Castellana Norte y el Ayuntamiento de Madrid. «Una vez más, se deja de lado el debate con los agentes sociales y pone de manifiesto una opacidad en el tratamiento de la operación muy alejada de la apuesta electoral que nos llevó al gobierno en 2015», denuncian desde Izquierda Unida de Madrid.
Para la formación de izquierdas, «el proyecto político de Ahora Madrid aboga por la transparencia, especialmente en materia de urbanismo y modelo de ciudad. Como parte del gobierno municipal no podemos suscribir una operación urbanística centrada en el desarrollo del negocio de DCN y Adif y alejada de las necesidades reales de los distritos afectados y del conjunto de la ciudad».
En reiteradas ocasiones «nos hemos pronunciado acerca de las bases del acuerdo, planteando una alternativa política al modelo urbanístico que se pretende implementar en la Operación Chamartín».
Algunos argumentos fundamentales se exponen desde IU Madrid para apoyar su postura son:
- El acuerdo no aumenta el parque de vivienda pública porque un plan urbanístico no puede determinar la titularidad ni el régimen de explotación de las viviendas. Lo que se ha anunciado es que el ayuntamiento obtendrá 1.800 viviendas libres y 2.200 viviendas con algún tipo de protección (no definida) durante los próximos 20 años. Por lo tanto, el régimen de alquiler público de las 4.000 viviendas anunciadas no está garantizado y depende de los criterios políticos de los próximos gobiernos municipales.
- A pesar de que el 80% del suelo de la operación es de titularidad pública, se exige únicamente el 20% de vivienda protegida cuando en el resto de la ciudad y frente a desarrollos completamente privados se exige al menos el 50%.
- De los 80.000 puestos de trabajo anunciados, en el supuesto de que realmente se creen, al menos 70.000 tendrán que desplazarse desde otros puntos de la en el sur de la región generando una carga de movilidad inasumible para la ciudad. El aumento del transporte público es una consecuencia de estas exigencias de movilidad lo que no garantiza, además, un reparto modal sostenible.
- El acuerdo no garantiza que los ingresos obtenidos por el Ministerio de Fomento sean destinados a la remodelación de la estación Chamartín. Resulta más urgente para Adif pagar su deuda de más de 14.000 millones de euros.
- Destruir los espacios naturales actuales para construir zonas verdes artificiales sobre una losa de hormigón es insostenible desde el punto de vista medioambiental.
- El 11% de las oficinas del centro de Madrid están vacías y el remanente sin ocupar es suficiente para la demanda prevista en los próximos 20 años.
