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La Policía Municipal de Madrid ha imputado a un total de 17 personas acusadas de vender de forma ilegal lotería dominicana en varios locutorios situados en los distritos madrileños de Usera y Villaverde.
Al parecer, los establecimientos registrados vendían billetes de esta lotería sin la pertinente autorización empleando aplicaciones instaladas en sus ordenadores. También tenían instalados otros programas de software falsificados para poder tener las aplicaciones de apuestas.
Las investigaciones dieron comienzo cuando los agentes descubrieron que algunos de los locutorios frecuentados por personas de orígen dominicano vendían boletos de lotería a un euro tanto de la República Dominicana como de otros países americanos sin ningún tipo de licencia para ello.
A través de aplicaciones y programas instalados en los ordenadores como Mar Cliente, Pelote, Pavel o Banca Dominicana, los usuarios obtenían de forma telemática los boletos de apuestas. Se cree que los imputados podrían obtener hasta 40.000 euros en cada locutorio, ganancias que no erand eclaradas.
Tras tener localizados los locutorios que ofrecían este servicio ilegal, agentes de paisano de la Policía Municipal llevaron a cabo una redada de forma sorpresiva en los locales, registrándolos y requiriendo la documentación y revisando los ordenadores. En algunos de los establecimientos no contaron con la colaboración de los empleados.
Los locutorios inspeccionados están situados en diversas calles de los distritos madrileños de Usera y Villaverde: número 76 de la calle Rocafort, número 95 de la calle Villajoyosa, número 137 de la calle Antonio López, número 1 de la calle Rosa del Azafrán, número 5 de la calle Giralda, número 18 de la calle Benimanent y número 67 del paseo de Alberto Palacios.
Además de esta venta ilegal de lotería, también se descubrió que los ordenadores destinados al uso de los clientes no tenían control parental ni tampoco control de acceso a contenido pornográfico, violento o extremista a menores. Ningún locutorio tenía tampoco la licencia para servicio de telefonía ni registraba las llamadas efectuadas desde las cabinas, algo que se exige desde los atentados del 11-M.
También se encontraron en algunos de los locutorios DNIs que constataban como robados, usados presuntamente para llevar a cabo envíos de dinero a países sudamericanos para blanquear, al no pagar impuestos. También se vendían algunos medicamentos de forma ilegal y sin la necesaria licencia.
En total han sido imputadas 17 personas, tanto los propietarios de los locales como los encargados, por un delito contra la propiedad intelectual. En su mayoría son de origen dominicano, aunque algunos son de origen venezolano, ecuatoriano, pakistaní y bangladesí.