En noviembre de 2024 la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, mantuvo una reunión con varios representantes de Mareas de Residencias y la Asociación Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias.
Durante el encuentro entregaron a Lastra una denuncia colectiva presentada en nombre de 109 familiares de 115 personas fallecidas a partir de marzo de 2020 y que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid. De esas 109 denuncias la Fiscalía ha judicializado nueve asuntos que se corresponde a personas fallecidas cuyas muertes no habían sido investigadas. En varios casos se acordó la remisión al juzgado correspondiente por existir procedimientos en los que ya se habían investigado los mismos hechos.
El pasado 6 de noviembre Lastra firmó un decreto en el que solicitó la remisión de una copia de la denuncia y de los archivos digitales que la acompañaban a la Fiscalía Provincial de Madrid y a las Fiscalías de Área por ser las competentes para pronunciarse sobre los hechos recogidos en la denuncia. En concreto sobre la posible comisión de un delito continuado del artículo 511 del Código Penal (denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios) por parte de los geriatras de referencia de los distintos servicios de la Comunidad de Madrid y de los hospitales radicados en sus respectivos territorios. Por esta vía (art.511 CP) se han presentado nueve denuncias. La mayoría de las anteriores venían por los delitos de omisión del deber de socorro y/o homicidio imprudente.
Fiscalía Provincial de Madrid : A raíz de esta última denuncia se han incoado 4 diligencias de investigación preprocesale en la que se constató que no habían sido parte de ningún otro procedimiento judicial abierto y, por tanto, se presentó la correspondiente denuncia.
A fecha 30 de diciembre de 2024, y respecto a los a los otros procedimientos abiertos con anterioridad a dicha denuncia, había otros ocho en tramitación (dos en Madrid, dos en San Lorenzo de El Escorial, dos en Collado-Villalba, uno en Majadahonda y otra más en Torrelaguna).
En cuanto a los recursos interpuestos por el fiscal contra el archivo de algunos procedimientos, la cifra asciende a 17, seis de ellos en el año anterior. A esta lista habría que sumar las dos adhesiones a los recursos presentados por las acusaciones
Por último, desde el 30 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2024 los órganos judiciales han archivado 54 procedimientos judiciales, de los que 41 ya han adquirido firmeza y otros 13 están pendientes de que se resuelva el recurso contra su sobreseimiento.
Fiscalía de área de Getafe-Leganés: Se ha incoado una diligencia de investigación preprocesal sin que hasta la fecha se haya presentado querella o denuncia alguna. Previos a la última denuncia, en la actualidad se encuentran abiertos dos procedimientos penales. Otros tres ya han sido archivados de forma definitiva y otro está pendiente de que se resuelva un recurso de la Fiscalía.
Alcalá de Henares. Se incoaron 13 diligencias de investigación, una por cada anciano fallecido en su territorio. En ocho de ellas se acordó directamente la remisión a distintos juzgados por existir ya procedimientos en las que ya se habían investigado los mismos hechos, o aún se estaban investigando. En las cinco restantes se citó a los familiares de los fallecidos para tomarles declaración. En dos casos se pudo comprobar que ya estaban judicializados, y en los otros tres se ha formulado denuncia (2 en Alcalá de Henares y 1 en Torrejón de Ardoz).
Móstoles-Fuenlabrada: Se incoaron 28 diligencias de investigación preprocesal, que se corresponden con 30 fallecidos al darse la circunstancia de que, en dos de ellas, se interesa la investigación del fallecimiento de los dos progenitores del denunciante. En 21 casos ya había existido causa judicial. De ellos, doce estaban sobreseídos ya por la Audiencia Provincial y el resto continúan en fase de instrucción.
Sobre los otros siete asuntos que la Fiscalía de Móstoles tiene aún abiertas diligencias de investigación, en cinco de ellos están pendiente de recibir el informe del médico forense. Mientras que en los otros dos, que ya cuentan con el pertinente informe, se ha presentado la correspondiente denuncia.
