Agentes de la Guardia Civil, destacados en la Unidad Fiscal y Fronteras del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lograron intervenir el pasado domingo un total de 191,246 kg de cocaína ocultos en maletas que procedían de los países americanos de Colombia y República Dominicana.
Esta droga se ha logrado descubrir gracias a la labor del equipo ÍCARO (Identificación de Conductas Anómalas y Reacción Operativa) en combinación con las técnicas de análisis de riesgo que efectúan los agentes de las salas de recogida de equipajes en su día a día en el aeropuerto madrileño, en las que seleccionan tanto pasajeros como maletas para realizar medidas fiscales más exhaustivas.
Toda la cocaína se encontraba en el interior de cinco maletas, distribuida en 158 paquetes rectangulares de diferentes pesos, medidas y embalajes, procedentes de vuelos de República Dominicana y Colombia. Por todo ello, los agentes arrestaron a una persona de origen italiano y otra colombiano de 23 y 76 años, respectivamente, a quienes se les imputa un delito contra la salud pública.
La tercera es una mujer colombiana de 29 años de edad que llevaba en su maleta más de 30 kilogramos de cocaína procedente de Santo Domingo. En su interior escondía una treintena de dardos de esta droga. Dos de las maletas intervenidas no han sido reclamadas por ningún pasajero, han apuntado las mismas fuentes.
Según el análisis de Eduardo Simó, CEO y Fundador de Simó Abogados, despacho de abogados penalistas en Madrid, los implicados en este delito se enfrentan a penas muy severas. Para el tráfico de drogas de sustancias que causan grave daño a la salud, el Código Penal establece penas que oscilan entre 3 y 6 años de prisión y multas de hasta el triple del valor de la droga incautada, agravándose en función de la cantidad de sustancia y el rol de los acusados en la operación.
En este caso, dado el volumen de cocaína incautada (más de 190 kg), hablaríamos de notoria importancia por lo que la pena podría llegar a 12 años de prisión, e incluso a penas más altas si se acreditan agravantes como la pertenencia a una organización criminal o el uso de métodos sofisticados para evitar la detección.
El procedimiento judicial que seguirá este caso incluirá una fase de instrucción, en la que se recopilarán pruebas y se investigará la posible implicación de los detenidos en una red de tráfico internacional. Posteriormente, el caso será llevado a juicio oral, donde un tribunal determinará las penas en función de las pruebas presentadas. Las autoridades podrán seguir investigando a partir de las detenciones para desmantelar posibles estructuras criminales internacionales.
