La ‘Plataforma No al Cantón de Montecarmelo’ ha acudido esta mañana a la oficina del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para solicitar su apoyo contra el proyecto municipal para instalar una planta de clasificación de basuras y una base del Servicio de Emergencias de Limpieza Urbana (SELUR) de 10.000 metros cuadrados, equivalente a un campo del Santiago Bernabéu y medio, y 80 vehículos pesados en pleno corazón de este barrio del distrito de Fuencarral-El Pardo.
Los representantes de más de 20.000 vecinos han presentado, vía registro del Defensor del Pueblo, un detallado informe con el impacto que «supondrá la mega instalación de basura en el barrio», así como una parcela alternativa de “impacto social cero” y que ofrece «mejores alternativas de movilidad».
Como hizo ayer en el Ayuntamiento de Madrid, la Plataforma ha registrado hoy en la oficina del Defensor del Pueblo un exhaustivo documento técnico en el que detallan los potenciales impactos negativos del proyecto en función de la información pública disponible en los pliegos de condiciones. Los vecinos solicitan al Defensor que “aclare que los cantones son necesarios, pero no se pueden instalar en cualquier lugar independientemente de su impacto social. Debiendo el Ayuntamiento consensuar con los vecinos la ubicación idónea, con el menor impacto posible a los ciudadanos y, especialmente, a los escolares del entorno de la ubicación”.
Solicita, además, que “el Defensor del Pueblo pida al Ayuntamiento de Madrid que le entregue toda la documentación existente hasta la fecha relativa a la tramitación administrativa de este proyecto”, algo que por el momento no se le ha concedido a la Plataforma, «en otra promesa rota por parte del concejal de urbanismo», Borja Carabante, del PP. La Plataforma pide a Gabilondo su pleno respaldo contra el proyecto municipal y» en defensa de los derechos de los ciudadanos, la seguridad de los niños como colectivo vulnerable afectado, así como las razones sociales, de seguridad vial, medioambientales y respeto al entorno urbano para que prevalezca el bien general».
La Plataforma denuncia «la opacidad del Consistorio y su forma de hacer política de espaldas a los vecinos, basada únicamente en razones técnicas, no sociales, de movilidad, ni medioambientales». El proyecto municipal proyecta la instalación, en una parcela equivalente a un Bernabéu y medio, de un cantón de clasificación de basura y una base del SELUR con 68 vehículos de maquinaria pesada. Está ubicado a apenas 60 metros de una guardería de la Comunidad de Madrid y el Colegio Alemán, y cercano al Colegio Santa María de La Blanca sumando más de 3.300 alumnos entre todos.
El acceso de entrada estaría a apenas 30 metros de cientos de viviendas, pegado a un parque infantil y al anillo verde de Madrid y el cementerio municipal de Fuencarral. Esa parcela vertebra las dos mitades del barrio de Montecarmelo, sirve de conexión para los vecinos entre una y otra, y es un parque utilizado por cientos de personas a diario desde hace dos décadas.
La Plataforma insiste en su defensa y apoyo absoluto a:
● los derechos de los 3.300 niños y bebés de 0 a 16 años como colectivo vulnerable y afectados directos por el emplazamiento del nuevo Mega-Cantón; de acceder de forma segura a sus centros y educarse en un entorno favorable a su desarrollo.
● los derechos de los vecinos del barrio de Fuencarral cuyos parientes se encuentran en el cementerio situado a escasos metros del nuevo Mega-Cantón; a visitar a sus familiares en un lugar tranquilo y sereno que respete el descanso de sus seres queridos.
● los derechos de los más de 20.000 vecinos afectados directos por el emplazamiento del Mega-Cantón en pleno corazón de este barrio residencial; a tener un entorno libre de sustancias peligrosas, residuos tóxicos y orgánicos a escasos metros de sus viviendas y colegios en la mayor instalación de basura jamás contemplada en la Comunidad de Madrid.
Además, la Plataforma que ya agrupa a más de 20.000 vecinos, 5.800 alumnos, instituciones educativas, comercios y demás organizaciones sigue defendiendo la necesidad de que la instalación, tal como está contemplada actualmente, quede alejada de toda vivienda y centro educativo con el objetivo de que su impacto social sea ‘cero’.
