Las asociaciones vecinales denuncian que el Gobierno de Ayuso pretende «dar luz verde por la vía rápida a la tala de casi 700 árboles» por la ampliación de la L11 de Metro

Las asociaciones vecinales de Madrid han presentado alegaciones y una enmienda a la totalidad al nuevo Documento de Impacto Ambiental simplificado de la ampliación de la línea 11 de Metro. En un exhaustivo documento de casi 80 páginas, afirman que la Comunidad de Madrid pretende dar luz verde, por la vía rápida, a la tala de casi 700 árboles. Para las asociaciones vecinales y la FRAVM, las sustanciales modificaciones del proyecto requieren una nueva evaluación de impacto ambiental ordinaria y no simplificada.

Las asociaciones vecinales de Pasillo Verde Imperial, Parque de Comillas y Moscardó, junto con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) denuncian el Documento de Evaluación Ambiental que ha sacado la Comunidad de Madrid con motivo de las obras de prolongación de la L-11 de Metro.

En primer lugar, las organizaciones reprochan a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior que la documentación se someta al trámite de información pública tan solo 20 días durante el mes de agosto. «Se trata de hurtar así el proyecto de construcción al conocimiento de la ciudadanía y, al tiempo, asegurarse de que haya muy pocas alegaciones en contra», denuncian. «El procedimiento no solo es oportunista, sino que peca de antidemocrático y contrario a las más elementales reglas de participación ciudadana en cuestiones de interés general, como son los asuntos con implicaciones medioambientales».

Por otra parte, la documentación en cuestión «adolece de numerosos y muy significativos fallos que la invalidan de principio a fin». «Se hace una Evaluación Ambiental simplificada, cuando dada la envergadura y alcance de los impactos de la obra se debería realizar una Evaluación Ambiental por el procedimiento ordinario, mucho más extenso, garantista y abierto a la participación de la ciudadanía. La Consejería lo justifica aduciendo que ya se hizo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con anterioridad. Sin embargo, el argumento no es válido por cuanto con posterioridad a la citada DIA se han incorporado al proyecto nuevos hechos que en virtud de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, obligan a realizar una nueva DIA», inciden.

Tal y como está planteado, el proyecto de ampliación de la L-11 de Metro «vulnera las Normas Urbanísticas del Plan General de Madrid y la propia Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. En efecto, aquellas establecen la protección de las zonas verdes calificadas frente a la realización de obras e instalación de infraestructuras. Tal protección adquiere una relevancia especial en el caso de las zonas verdes singulares, como es el caso del parque de Arganzuela. El proyecto prevé una tala masiva de árboles no solo en este parque, sino también en otros lugares como el parque de Comillas o los jardines de Palestina, sin que se haya aprobado ningún plan especial o una modificación del plan general que lo ampare».

En el primer proyecto de la prolongación, la estación de Madrid Río quedaba ubicada bajo el paseo de Yeserías. En los proyectos posteriores, incluido el último, la estación se traslada al interior del parque de Arganzuela. Los responsables del proyecto justifican este cambio de criterio alegando que en la primera ubicación resultan afectadas varias infraestructuras, entre otras los servicios del Canal de Isabel II. Se aporta un plano para probarlo.

Sin embargo, señalan los alegantes, «lo cierto es que dicho plano no responde a la realidad y localiza los servicios en un lugar que no se corresponde. Sin duda, este hecho reviste una enorme trascendencia, pues sirve para justificar una decisión estratégica del proyecto sobre la base de un plano erróneo. Esta situación puede entrañar una responsabilidad penal y, de no corregirse, podría llegar a constituir un delito de falsedad documental».

El proyecto que ahora se somete a evaluación de impacto ambiental simplificada «presenta un volumen desmesurado de árboles afectados, tanto en lo referente a la tala como a los ejemplares que se pretenden trasplantar». Se prevé el apeo de casi 700 árboles y el trasplante de más de 200. «Estamos ante un auténtico arboricidio. Pero no se trata solo de la desaparición de equis árboles, sino de la destrucción sin paliativos de una gran masa de árboles maduros, muchos de ellos de más de 50 años de vida».

«Es sobradamente conocido que las funciones y servicios ecosistémicos del arbolado maduro (captación de CO2, atenuación del calor, aminoración del ruido, absorción de contaminantes, paisajísticos, culturales…) no pueden ser reemplazados con la plantación de ejemplares recientes, aunque estos sean más numerosos que los primeros. La totalidad de dichos servicios se verán anulados de forma permanente e irreversible o, en el mejor de los casos, durante los próximos 30 años», añaden.

«No es de recibo el argumento que esgrime la Consejería en su nuevo documento de Evaluación Ambiental cuando señala que se ha reducido el número de árboles que se verán afectados, respecto del proyecto constructivo anterior. En realidad, el argumento viene a reconocer que la propuesta anterior era una salvajada, pero una salvajada no se corrige con la comisión de otra». Exponen que «parece que estemos ante un juego de niños; primero se presenta una foto muy fea para asustar y luego, para dulcificar la imagen, se pone sobre la mesa una foto algo menos dramática. Es lo que podría ser considerado como amenazar con el podría ser peor”.

Las organizaciones alegantes están convencidas de que existen alternativas de trazado de la línea 11 de Metro, así como localización de las estaciones y modelos de ejecución de las obras «que disminuirían muy significativamente esas cifras de árboles dañados». Por ello, solicitan a los equipos técnicos y a los responsables políticos de la Comunidad de Madrid «sentarse cuanto antes para analizarlas». Además, denuncian que este ofrecimiento «se ha trasladado reiteradamente a la Consejería de Transportes (que ha optado por hacer caso omiso, una y otra vez, de nuestras peticiones para mantener una reunión) recibiendo la callada por respuesta».

Más aun, las organizaciones denuncian que la Evaluación de Impacto Ambiental ahora presentada «minimiza de manera irresponsable o incluso ignora otros impactos provocados por las obras, tales como la generación de residuos en el parque de Comillas o el destrozo de un parque singular con valores históricos como el de Arganzuela». Así, «no se tiene en cuenta el hecho de que el vecindario de Comillas haya de soportar durante más de dos años el tránsito de 34.000 camiones cargados de escombros y lodos, más otros 5.000 camiones cargados con las dovelas. Estamos hablando de más de un centenar de camiones diarios. Tampoco se evalúa que la obra se vaya a realizar justo al lado del CEIP Perú con alumnado con espectro autista, niños y niñas con necesidades especiales. Ni se tiene en consideración la importancia histórica del parque de Arganzuela, que ya fue muy maltratado por las obras de soterramiento de la M-30».

Por todo ello, los vecinos afectados rechazan las modificaciones propuestas y piden a la Consejería de Transportes que «reinicie el proyecto con más diálogo y participación ciudadana, para poder abordar las alternativas que son viables y mucho menos perjudiciales y lesivas para el medioambiente y la vecindad». Asimismo recuerdan que en septiembre acudirán al Parlamento Europeo ya que estas obras cuentan con financiación del Banco Europeo de Inversiones.