Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno han tramitado hasta la fecha un total de 481.969 actas de denuncia (un 50,1% del total) interpuestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, esto es, Policía Nacional, Guardia Civil, así como cuerpos autonómicos y locales, durante el primer estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020.
Se trata de la mitad de los 960.580 expedientes derivados del incumplimiento de las medidas de limitación de circulación interpuestas durante el primer estado de alarma que fueron propuestos en toda España, sin contar País Vasco y Cataluña, según datos del Ministerio de Interior.
Los expedientes de estas fechas responden en su mayoría al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, según el que los incumplimientos de las medidas recogidas en el mismo debían tramitarse a través de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Esto implica que la tramitación de esos expedientes sancionadores correspondía a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, con excepción de Cataluña y País Vasco donde las competencias en materia de seguridad ciudadana están transferidas a los respectivos Gobiernos autonómicos.
De las 481.969 actas de propuesta de sanción tramitadas, 172.482 se han resuelto con sanción; 87.826 han sido trasladadas a otras administraciones (autonómicas y locales); 54.193 se encuentran todavía en proceso de instrucción; y 11.206 han sido archivadas. El resto, 156.262, tras el análisis del instructor correspondiente se ha determinado que, a la vista de los hechos, no procedía iniciar el procedimiento sancionador por distintas causas.
Andalucía (195.986) y Madrid (184.517) son las comunidades en las que más expedientes de denuncia se han interpuesto entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Ceuta y Melilla presentan las menores cifras con 9.472 y 4.199 propuestas, respectivamente.
El objetivo fundamental de los controles durante el estado de alarma ha sido garantizar el cumplimiento de las medidas limitativas adoptadas para proteger la salud de las personas logrando doblegar la curva de transmisión y situarla en un nivel que no supusiera un riesgo para la capacidad del sistema sanitario.
Ese objetivo se consiguió, como demostraron los datos epidemiológicos. La semana anterior a la declaración del estado de alarma, el ritmo de contagios semanal crecía al 35% y cada persona infectada provocaba alrededor de 3 nuevos contagios. A finales del mes de abril de 2020, el incremento semanal de contagios era del 5%, a finales de mayo del 1,5% y a finales de junio era inferior al 1%.
Expedientes pendientes de tramitación
A fecha actual, el número de actas de denuncia pendientes de tramitar por parte de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno asciende a 478.611 (el 49%). Hoy mismo se pone en marcha un programa de refuerzo para agilizar la tramitación de estos expedientes con el objeto de que queden resueltos en tiempo y forma.
El compromiso del personal de las unidades de sanciones de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno ha sido esencial para revisar y analizar las denuncias, a pesar de las dificultades que rodearon el desempeño de su tarea en los primeros meses. En total, se trata de 235 efectivos en todo el país encargados de determinar si, a la vista de los hechos, procedía o no iniciar el expediente sancionador.
La desproporcionada carga de trabajo a la que se han tenido que enfrentar queda reflejada en los siguientes datos: en 2019, el total de denuncias recibidas en las Delegaciones del Gobierno referidas a todos los ámbitos en los que se ejerce la potestad sancionadora, es decir, seguridad ciudadana, drogas, armas, seguridad privada, violencia en el deporte, derecho de reunión, etc., ascendió a 464.734. De este total anual, 64.346 estaban referidas al ámbito de seguridad ciudadana.
Esta cifra contrasta con las 960.580 actas de sanción interpuestas en un periodo de tres meses (desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020) vinculadas exclusivamente al incumplimiento de medidas limitativas articuladas para combatir el COVID-19 durante el primer estado de alarma. Supone una volumen de expedientes 8 veces superior a un periodo equivalente de 2019. En el segundo estado de alarma la tramitación de los expedientes de sanción corresponde a las Comunidades Autónomas.
