Doble revés judicial para la Mesa de la Asamblea de Madrid. El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido dos sentencias clave en las que determina que el órgano rector del Parlamento madrileño, presidido por Enrique Ossorio y con mayoría absoluta del PP, vulneró los derechos fundamentales de los diputados de la oposición al bloquear de forma arbitraria sus iniciativas de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El Alto Tribunal es tajante: la Mesa se extralimitó en sus funciones al actuar como un «muro de contención» para evitar debates incómodos, infringiendo el artículo 23 de la Constitución que protege el derecho a la participación política de los representantes públicos.
Un blindaje ilegal sobre Miguel Ángel Rodríguez
La primera de las sentencias, aprobada por la Sala Segunda por unanimidad, estima el recurso del PSOE tras el bloqueo de preguntas relacionadas con Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de la presidenta. Los socialistas buscaban explicaciones sobre los mensajes en los que Rodríguez amenazaba con «triturar» a un medio de comunicación tras desvelarse el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.
Los magistrados subrayan que la Mesa no puede vetar preguntas para ahorrarle un trago amargo al Ejecutivo en el Pleno. Entienden que, al impedir la tramitación de estas cuestiones el pasado marzo de 2024, se hurtó a los diputados su función esencial de control.
Bloqueo masivo a Más Madrid: de la sanidad a los contratos COVID
Casi simultáneamente, el Pleno del Constitucional ha dado la razón a Más Madrid en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano. En este caso, el varapalo es aún más extenso, ya que el TC anula el veto a cuatro tipos de iniciativas que la Mesa había rechazado alegando motivos «políticos» y no formales:
- Contratos COVID: Se impidió crear una comisión de investigación sobre las contrataciones de urgencia durante la pandemia alegando que era una práctica «prospectiva».
- Destitución de MAR: Se vetó una Proposición No de Ley (PNL) que pedía el cese del jefe de gabinete por sus amenazas a periodistas, bajo el pretexto de que contenía «juicios de valor».
- Sanidad privada: La Mesa bloqueó una iniciativa sobre el modelo de colaboración público-privada sanitaria por referirse a una «empresa privada».
- Comparecencias de MAR: Se rechazaron hasta siete solicitudes para que el jefe de gabinete explicara su conducta en sede parlamentaria, admitiendo la Mesa incluso que «habían cambiado el criterio» respecto a legislaturas anteriores para dejar de aceptar reprobaciones.
Juicios de oportunidad política prohibidos
El Constitucional reitera en ambos fallos que la Mesa de la Asamblea solo tiene potestad para realizar un control formal (verificar si la iniciativa cumple los requisitos técnicos). Al entrar a valorar si el objeto de una comisión de investigación es «oportuno» o si una pregunta contiene «juicios de valor», la Mesa está invadiendo competencias que solo corresponden al Pleno.
Las sentencias obligan ahora a la Mesa de la Asamblea a dictar nuevos acuerdos que respeten los derechos fundamentales vulnerados. El fallo relativo a Más Madrid ha contado con los votos particulares de los magistrados conservadores Ricardo Enríquez y Enrique Arnaldo, quienes se han desmarcado de la decisión mayoritaria.
Con esta resolución, el Constitucional despeja el camino para que la oposición pueda retomar el control parlamentario sobre los episodios más polémicos del entorno de la presidenta regional, que hasta ahora habían permanecido blindados por la mayoría absoluta del PP en el órgano rector de la Cámara.
