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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su reunión de esta semana, a propuesta de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, la licitación del servicio de vigilancia y seguridad en las sedes judiciales de la región para el periodo 2020/23, con un presupuesto de 26,6 millones de euros.
Desde que asumió, en 2002, las competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para la Administración de Justicia, la Comunidad de Madrid es la responsable de la gestión integral de todas sus sedes.
En este sentido, una de sus actividades más destacadas es la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia de los edificios donde se ubican los órganos judiciales, fiscales y demás organismos adscritos a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.
Para este nuevo contrato, que supone mejoras respecto a los anteriores, el Ejecutivo regional ha tenido en cuenta la apertura de nuevas sedes judiciales a lo largo de la presente legislatura, como, por ejemplo, los juzgados de Navalcarnero, cuyas obras de finalización están previstas para el primer trimestre de 2021.
26 sedes judiciales tendrán servicio armado
Esta nueva licitación incorpora además un aumento del servicio armado, de 19 a 26 sedes judiciales, «como consecuencia del aumento en la conflictividad», exponen. De esta manera aumentará la seguridad para jueces, fiscales, funcionarios de la Administración de Justicia y los propios ciudadanos que acuden a las sedes judiciales.
En este sentido, el nuevo contrato de seguridad y vigilancia de los edificios de la Administración de Justicia en la región apuesta claramente por un servicio cuyo personal esté bien cualificado y formado, pues su actividad diaria entraña situaciones de riesgo.
Así, hay que destacar que en el control de acceso a las sedes judiciales se encuentran y detectan habitualmente –mediante escáneres y arcos de detección de metales- armas blancas ilegales, drogas y armas simuladas de todo tipo.
Prórroga del convenio con el Ministerio del Interior
Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha autorizado la prórroga durante 2021 del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio del Interior en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones.
El objeto de este acuerdo, que supone para el Gobierno regional una inversión de 2,1 millones de euros, es la vigilancia y protección de edificios e instalaciones de la Comunidad por parte de efectivos del Cuerpo de la Guardia Civil.
