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La Asociación Madrileña de Enfermería (AME) ha lamentado que, entre los meses de marzo y junio, las enfermeras de la Comunidad de Madrid, junto al resto de integrantes de los equipos de salud, «hemos vivido la peor experiencia asistencial que jamás nos hayamos podido encontrar por la pandemia por el COVID-19″.
Así lo ha indicado la AME en un comunicado emitido este viernes, donde inciden que «tuvimos que dar el 200% o 300% de nuestras vidas por la salud de nuestra población, teniendo que renunciar a nuestras familias, descanso y salud».
«Durante estos meses nos hemos sentido abandonadas por todos los poderes públicos (Ministerios de Sanidad y Asuntos Sociales, Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales, Gerencias hospitalarias y de atención primaria, Gerencia de la Agencia Madrileña de Atención Social,…) y por nuestros legítimos representantes profesionales (Consejo General de Enfermería de España, Consejos autonómicos de Enfermería y colegios provinciales de enfermería) que poco se han acercado a nosotras para escuchar nuestros sentimos, inmersas en tanto dolor y sufrimiento a diario, y buscar puntos de mejora para próximos rebrotes», han denunciado.
Exponen además que «aunque parezca increíble, los meses de junio y julio fueron aún peor, porque las enfermeras tuvimos que darnos de bruces con otra realidad; los poderes públicos, especialmente los de la Comunidad de Madrid, tenían prisa por volver a la normalidad habitual de los años previos de recorte de gasto público: cese de muchos profesionales contratados como refuerzo por el COVID-19, planificación de cierres de plantas y unidades hospitalarias con la excusa del verano, planificación de no sustitución con suplentes de las vacaciones de todos los profesionales, rumores de falta de profesionales para esas exiguas suplencias, necesidad de realizar turnos dobles para evitar el cierre de centros de salud, residencias de mayores sin capacidad de cubrir las vacaciones de ninguno de sus profesionales por inexistencia de suplentes…».
Todo ello, mientras desde la Consejería de Sanidad «se ha realizado una obscena ostentación mediática de ilimitada capacidad de gasto público: 40, 60 u 80 millones de euros en contratos públicos por 40 días de servicio del hospital de IFEMA, 50 millones de euros para construir un hospital de emergencias, 3,5 millones de euros por los análisis de PCR por el laboratorio Central, 420.000€ a Indra por no se sabe cuántos rastreadores telefónicos , 200.000€ a Quirónsalud por 22 rastreadores telefónicos sin experiencia ni formación específica…».
«Por si esto no fuera suficiente -subrayan desde la AME- las enfermeras y resto de profesionales de los centros municipales de salud del Ayuntamiento de Madrid, han sido despreciados por parte de la Consejería de Sanidad, que no han querido utilizar sus conocimientos y experiencia para la muy necesaria labor de rastreo de casos de COVID-19, incluso en situaciones de incremento mantenido de su incidencia».
Las enfermeras madrileñas «llegamos al mes de agosto exhaustas física y psicológicamente, muchas de nosotras sin aún haber podido disfrutar de nuestros merecidos periodos vacacionales, y en 2 semanas el número de contagios por COVID-19 en la Comunidad de Madrid ha crecido exponencialmente con cientos de ingresos hospitalarios y cerca de una centena de ingresos en UCI, con los centros de salud a punto de colapsar por el insostenible aumento del número de pruebas PCR a realizar a diario mientras se tiene que mantener el resto de atenciones ordinarias (consultas programadas, urgentes, partes de incapacidad temporal,…)».
«Parece que tenemos la segunda oleada del COVID-19 aquí y entonces alguien pregunta, ¿qué medidas se han planteado desde el Gobierno/Consejerias/Gerencias/Direcciones de la Comunidad de Madrid para evitar un colapso sanitario como el que vivimos entre marzo y mayo en hospitales, atención primaria, urgencias extrahospitalarias y residencias de mayores? ¿hay algún plan?», se preguntan.
La respuesta de la Consejería de Sanidad «no defrauda: suspensión de actividad programada en hospitales y centros de especialidades, así como cierres de centros de salud para concentrar profesionales en unos pocos». La Consejería de Políticas Sociales «tampoco se queda corta para las residencias de mayores: suspensión de visitas de familiares (opacidad) y traslado de usuarios a otros centros residenciales ante la presencia de contagios por coronavirus (dispersión incontrolada del virus).
Entre los meses de marzo y mayo fallecieron aproximadamente 10.000 personas en hospitales y 8.000 personas en residencias de mayores relacionadas con el COVID-19. «Ante la llegada de esta segunda ola a la Comunidad de Madrid y la ausencia de cualquier plan de preparación diferente a la improvisación, las enfermeras de AME solo podemos preguntarnos con aflicción: ¿cuántos enfermos esperamos atender y cuántos muertos esperamos llorar?», destacan.
«Sin profesionales los centros de salud, hospitales y departamentos de salud pública no pueden funcionar correctamente y, sin ellos, solo cabe un incremento persistente de la incidencia de coronavirus y fallecimientos por esta causa en la Comunidad de Madrid. Una vez más, la salud de los madrileños no sea prioritario en las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid», lamentan.
