El Consejo de Ministros ha aprobado prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor hasta el 30 de junio y mantener la protección por desempleo y la exoneración de cuotas a las Seguridad Social como hasta ahora, aunque con porcentajes menores para las empresas que reanuden parcialmente la actividad.
El Gobierno ha alcanzado para ello un acuerdo con sindicatos y patronal, para lo que se suavizado considerablemente las prohibición de despedir en el plazo de 6 meses si se ha usado un ERTE.
Así lo ha indicado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que se ha referido al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales para «proteger a grandes y pequeñas empresas, autónomos, trabajadores y a la economía del país en un momento muy delicado».
Se contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTEs de fuerza mayor derivados del COVID-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad). En este último caso a la hora de reincorporar trabajadores a la actividad, se primarán los ajustes vía reducción de jornada.
El texto contempla que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTEs (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia) se mantendrán hasta el 30 de junio, salvo las de los fijos-discontinuos, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre.
No obstante, el Gobierno también se reserva la posibilidad de prorrogar estas prestaciones si así lo ve necesario. También establece que no podrán acogerse a ERTEs de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales.
Además, se precisa que las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE, excepto si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas. No obstante, esta limitación no será aplicable a las empresas que a 29 de febrero de este año contaran con menos de 50 trabajadores.
Exenciones de cuotas con la vuelta a la normalidad
La regulación que se dio a mediados de marzo a los ERTEs por fuerza mayor derivados del COVID-19 establece una exoneración de cotizaciones del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social y del 100% para las que tuvieran menos de 50 trabajadores. En el texto del acuerdo se señala que estas exenciones se mantendrán en mayo y junio para los ERTEs de fuerza mayor total.
En el caso de ERTEs de fuerza mayor parcial, la empresa, a partir de la fecha de efectos de la renuncia al ERTE, se beneficiará de una exención de la cuota empresarial por los trabajadores que vuelvan a su actividad del 85% en mayo y del 70% en junio en el supuesto de que a 29 de febrero de este su plantilla fuera inferior a 50 trabajadores. Si contaba con más de 50 a dicha fecha, la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio.
Despidos
Con este acuerdo se suavizado considerablemente las prohibición de despedir en el plazo de 6 meses si se ha usado un ERTE. Aunque sigue estando prohibido, la sanción a la que tendrían que hacer frente si incumplen con ello se rebaja.
Según el texto, estarían eximidas de esta prohibición las empresas sobre las que «concurra un riesgo de concurso de acreedores». Para el resto de las empresas, es decir, aquellas que no esté en riesgo su continuidad, el texto indica que la sanción consistiría en la devolución «del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas».
En el texto se establece que la devolución de estas cotizaciones se verá incrementada «con el recargo y los intereses de demoras correspondientes» así como «las posibles infracciones que se deriven de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social».
«Bueno para empresarios y trabajadores»
Yolanda Díaz ha señalado que el pacto es bueno para los empresarios y para los trabajadores y responde al compromiso de los representantes de las patronales y de los sindicatos con su país: «han sabido dejar las diferencias que puntualmente tienen en la defensa legítima de sus intereses para ponerse de acuerdo e intentar salvar a nuestro país de una crisis que es económica y social».
La ministra ha resaltado que el acuerdo «es equilibrado porque, en su justa medida, pondera la protección de los trabajadores con su reincorporación paulatina a las actividades económica y laboral, y tiene en cuenta a los sectores que se encuentran en una situación más delicada».
Comisión tripartita
Además, Yolanda Díaz ha anunciado la creación de una comisión tripartita, que se reunirá los miércoles de la segunda semana de cada mes, donde se definirán los sectores que van a necesitar ayuda después del levantamiento del Estado de Alarma. «Vamos a examinar sector por sector y veremos de manera cautelosa cuáles son las ayudas que necesitan», ha dicho.
Balance positivo de las medidas laborales y económicas
Por su lado, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado de «eficaces», a tenor de los últimos datos, las medidas puestas en marcha hasta ahora para proteger a autónomos, pymes y empresas.
En concreto, 442.000 autónomos y pymes se han acogido a la posibilidad de realizar un aplazamiento en el pago de impuestos de 30.000 euros durante 6 meses, sin pagar intereses los tres primeros. «Hasta la fecha se han aplazado 2.440 millones de euros», ha detallado la ministra.
Según una encuesta del Banco de España a la que se ha referido la portavoz, las empresas consideran que la posibilidad de aplazar la deuda tributaria ha supuesto una de las medidas más útiles en la actual situación.
1,2 millones de autónomos han accedido a la prestación extraordinaria por cese de actividad, las líneas ICO de avales han inyectado 40.000 millones de liquidez. Por su parte,la facilidad para aplicar el test de fuerza mayor ha beneficiado a más de 3 millones de trabajadores.
Prórroga del Estado de Alarma
El Consejo de Ministros ha aprobado también extender el Estado de Alarma hasta las cero horas del próximo 24 de mayo, tras haber recibido este pasado miércoles la preceptiva autorización del Congreso de los Diputados.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado que esta prórroga incluye el refuerzo de la cogobernanza con las comunidades autónomas para desarrollar el Plan de Transición hacia una Nueva Normalidad. Las fases de desescalada se sucederán teniendo en cuenta indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad.
El inicio de cada una de ellas será decidido por el ministro de Sanidad en coordinación con las comunidades autónomas, cuyos presidentes serán, además, los responsables de su ejecución en sus respectivos territorios.
Montero ha afirmado que mantener el estado de alarma es fundamental para proteger la salud de la ciudadanía, avanzar en la contención del virus y llevar a cabo la desescalada progresiva. Por ello, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para que se sigan respetando la distancia interpersonal y las recomendaciones de protección e higiene: «Este compromiso individual es lo que realmente nos va a ayudar a que ganemos como colectivo, frenemos al virus y recuperemos de forma progresiva espacios de actividad y nuestro día a día».
