La Comunidad de Madrid tiene previsto mantener el Plan de Choque en residencias de la región el tiempo que dure la alarma sanitaria desencadenada en España como consecuencia de la propagación del coronavirus.
Así lo ha avanzado hoy el consejero de Justicia, Interior y Victimas, Enrique López, en la comparecencia que ha ofrecido en sede parlamentaria para explicar su gestión durante la crisis y que ha definido como “un trabajo humilde y esforzado de defensa del interés general, de la vida y de la salud, con vocación de resolver las dificultades” que se están presentando.
Como ha explicado López, el Plan de Choque ha demostrado su utilidad ya que, desde su activación -el 27 de marzo- ha permitido hacer frente al virus en las residencias. A través de este dispositivo se ha reconocido y analizado hasta el momento la situación de 463 centros residenciales, se han detectado focos de propagación del COVID-19 y, gracias al trabajo y profesionalidad del personal de los distintos cuerpos, departamentos y administraciones que colaboran en el dispositivo, se han atajado con eficacia.
Actuación transversal
El plan, además, está permitiendo completar el mapa de la red de más de 750 residencias de personas mayores, centros de atención a personas con alguna discapacidad y centros residenciales asistidos por congregaciones religiosas que existen en la región. El dispositivo está siendo útil para actuar con eficacia en el escenario actual, pero, también para afrontar con garantías futuras oleadas del virus.
El seguimiento epidemiológico, las pautas de prevención y la intervención sanitaria y social que conlleva el Plan de Choque facilitan la protección actual y futura de las personas que habitan en estas residencias.
El Plan de Choque, dirigido por el mando único de la Consejería de Sanidad, se apoya sobre la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, así como por la de Justicia, Interior y Víctimas, a través de los profesionales que integran la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.
Como ha descrito el consejero de Justicia, el plan es multidisciplinar, es decir, lo integran efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), médicos y personal de enfermería de la Consejería de Sanidad, técnicos de la Consejería de Políticas Sociales, Bomberos de la ciudad de Madrid y el SAMUR, Policías Locales, las agrupaciones de Protección Civil, Cruz Roja e incluso ONG como Médicos Sin Fronteras. Se trata, por tanto, de una actuación “transversal”, integrada por más de un centenar de hombres y mujeres a los que el consejero ha querido agradecer su compromiso calificándolos como “héroes”.
López ha detallado en su comparecencia el despliegue, que cuenta con 40 equipos “ligeros”, formados por miembros del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y la UME, y centrados en llevar a cabo reconocimientos ágiles para recabar información útil en los centros residenciales.
Por su parte, los equipos “pesados” se han especializado en realizar desinfecciones, zonificar espacios, separar personas contagiadas de las no contagiadas, decidir traslados a hospitales u otras residencias, dar pautas de actuación al personal residencial y hacer entregas de material de protección procedente del centro logístico creado el 21 de marzo en el Instituto para la Formación Integral en Seguridad de la Comunidad de Madrid (IFISE).
Activación del PLATERCAM
La organización de este dispositivo ha permitido realizar, coordinando el trabajo de los más de 2.500 voluntarios de Protección Civil y de los agentes de la Policía Local, 1.871 entregas de material de protección en residencias, esto es, 1,1 millones de pares de guantes, 750.000 mascarillas, 119.000 calzas, 14.200 gorros, 53.000 batas, 7.900 monos, 9.000 gafas, 14.900 pantallas protectoras y 8.800 litros de gel desinfectante. El circuito de reparto establecido permite entregar material cada cuatro días en cada uno de los centros de la red residencial.
Asimismo, los Bomberos de la Comunidad de Madrid, en especial los del Parque de Las Rozas, colaboran en la tercera parte del plan, la retirada de cadáveres de las residencias, en apoyo de los servicios funerarios de la región. Hasta ahora han trasladado a los depósitos intermedios 157 cuerpos.
En su comparecencia, Enrique López ha desgranado tanto éstas como el resto de decisiones adoptadas por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas desde la activación, por parte de la Comunidad, del Plan Territorial de Protección Civil, el pasado 13 de marzo. Dicho dispositivo activó el nivel 3 al día siguiente, tras la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central. Desde entonces, el consejero y su equipo coordinan el trabajo de los Cuerpos de Policía Local y de las 98 agrupaciones de Protección Civil que operan en la región, trasladando toda la información recabada a la Delegación de Gobierno.
Para mejorar la eficiencia, la Consejería creó un Centro de Coordinación en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, y puso en funcionamiento el centro logístico en las instalaciones del IFISE, que ha servido para canalizar y distribuir el material de protección procedente de las donaciones realizadas por la sociedad civil, de las intervenciones de la policía y la Guardia Civil y de las compras realizadas en China por el Gobierno regional.
Como ha explicado López, su departamento sigue coordinando también a los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid, Bomberos, Agentes Forestales y Gestores de Emergencias del 112, de los que el consejero ha destacado su profesionalidad, compromiso y esfuerzo ante “la mayor emergencia sanitaria de la España democrática”.
Todos estos cuerpos han debido adaptarse a la situación asumiendo tareas nuevas, sin descuidar los planes de contingencia de los servicios de seguridad y emergencias, que aseguran la prestación de los servicios en caso de que surjan emergencias al margen del coronavirus.
Desinfección de ambulancias
Así, los Agentes Forestales, además de vigilar zonas de recreo y forestales para hacer cumplir el estado de alarma, están colaborando en la entrega de medicación a personas enfermas y contactando y visitando a aquella población residente en zonas más remotas de la región.
El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad también se ha adaptado a una crisis evolutiva y cambiante. Así, 50 efectivos se dedican a prestar apoyo logístico y de seguridad en el almacén del hospital provisional de IFEMA y otros trabajan en los dos puntos de desinfección de vehículos sanitarios que se han instalado en este centro temporal y en el IFISE. Hasta el momento, esa labor fundamental se ha traducido en la desinfección de 670 ambulancias.
La seguridad y salud laboral de todos los profesionales vinculados a la gestión de emergencias ha sido una prioridad para la Comunidad de Madrid. De hecho, como ha explicado el consejero, de momento se han realizado 499 test de detección del COVID, y esta semana se acometerán 95 pruebas más.
El consejero ha destacado también la rapidez y eficiencia demostrada por el personal de su departamento para la puesta en marcha, junto a la UME, de hasta tres depósitos de cadáveres provisionales para atender la demanda de los servicios funerarios de la región, que han vivido una situación límite el último mes. Hasta el momento, el Palacio de Hielo de Madrid, el Instituto de Medicina Legal y el Palacio de Hielo de Majadahonda, ya clausurado, han recibido los restos de 1.832 personas víctimas de la tragedia del coronavirus.
Diálogo permanente
En el apartado relativo a la administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, Enrique López ha hecho mención a las resoluciones adoptadas los días 11 y 12 de marzo por parte de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de la Justicia. Estas normas facilitaron la conciliación laboral de los empleados públicos con hijos menores a su cargo o personas mayores en riesgo por el virus.
El consejero ha destacado también el “permanente contacto” con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Fiscalía, los responsables del Ministerio de Justicia y los representantes de los trabajadores, con los que durante estas semanas se ha mantenido “un diálogo permanente”.
En ese sentido, López ha descrito las reuniones y contactos mantenidos con la Sala de Gobierno del TSJM, la Fiscalía y las organizaciones sindicales los días previos y posteriores a la declaración del estado de alarma para abordar la difícil situación y establecer la plantilla mínima necesaria para garantizar el servicio público judicial.
Una vez declarado el estado de alarma el pasado día 14 de marzo, la Comunidad de Madrid ha tenido “la mejor disposición para escuchar, dialogar y cumplir las órdenes dictadas” por la autoridad competente.
Esa colaboración se ha traducido en la celebración de cuatro reuniones con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, los días 20 y 27 de marzo y 3 y 17 de abril, que como ha subrayado el consejero han servido para “aportar ideas e iniciativas que han sido atendidas y tratadas con interés, en un ambiente de colaboración exquisita”.
Medidas de prevención
El fruto de ese trabajo conjunto han sido los distintos decretos, acuerdo y resoluciones con los que tanto la Fiscalía, como el TSJM, el CGPJ, la Secretaria de Estado y la Comunidad de Madrid han dado forma a la estructura judicial suficiente que asegurara el acceso de los madrileños a la administración de Justicia, siempre con el mínimo riesgo para trabajadores y ciudadanos.
Con ese objetivo, la Comunidad de Madrid ha adoptado medidas de prevención tanto individuales, como colectivas y organizativas. Así, la Consejería ha entregado mascarillas, guantes y geles siguiendo, en todo momento, las directrices marcadas por la autoridad sanitaria. Asimismo, se han instalado mamparas de protección y se han intensificado las labores de limpieza y desinfección de las sedes judiciales, informando también al personal y público sobre la necesidad de mantener el distanciamiento social para evitar contagios.
Por último, ha explicado el consejero, se ha mantenido el contacto permanente con los Colegios de Abogados y de Procuradores de la Comunidad, atendiéndoles en todo momento y apoyándoles en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los servicios de orientación jurídica. Asimismo, pese a la crisis sanitaria, la Comunidad ha hecho efectivo el abono de la asistencia y el turno de oficio hasta febrero de 2020 y, tras recibir las certificaciones del mes de marzo, se procederá a pagar los servicios de ese periodo a finales de abril.
