- La plataforma RMI Tu Derecho, de la que forma parte la FRAVM, sostiene que el uso de las suspensiones cautelares “es cada vez más frecuente, oscurantista y arbitrario”
- En 2018 se produjeron 4.580 suspensiones cautelares de RMI, un 30% más que en 2017 y un 90% más que en 2016.
- La red ciudadana pide al Gobierno regional que se forme que atienda las sugerencias del Defensor del Pueblo.
«Las resoluciones de suspensión suelen indicar que se han producido variaciones en las circunstancias que motivaron la concesión de la prestación, sin aclarar cuáles, lo que deja a los beneficiarios en situación de indefensión (…) Se trata de resoluciones modelo en las que se hace una referencia genérica a la legislación aplicable, pero que, a criterio de esta institución, no están suficientemente motivadas, porque no explican lo que ha variado, dificultando que los afectados puedan formular alegaciones y recurrir con buenas razones la resolución».
Con palabras como estas, que aparecen en la página 511, el Defensor del Pueblo dedica en su Informe de 2018 casi cinco páginas al funcionamiento en la Comunidad de Madrid de los procedimientos de suspensión cautelar de la Renta Mínima de Inserción (RMI), por los que esta deja de pagarse varios meses, con pérdida de otros derechos asociados, por ejemplo la exención de pago de los medicamentos.
Dadas sus graves consecuencias para familias carentes de cualquier otro recurso, a tenor de la plataforma RMI Tu Derecho, la aplicación de estas suspensiones requeriría mucha prudencia y transparencia. De hecho, el Defensor del Pueblo sugiere que «si se diera trámite de audiencia previa las personas afectadas tendrían conocimiento, con antelación a la suspensión, de los hechos y fundamentos legales en los que se puede basar la decisión y podrían presentar alegaciones en su defensa».
Sin embargo, para la red ciudadana, el uso de las suspensiones cautelares “es cada vez más frecuente, oscurantista y arbitrario”. Pese a que las familias perceptoras de RMI solo rondan las 25.000, en 2018 se produjeron 4.580 suspensiones cautelares, un 30% más que en 2017 y un 90% más que en 2016.
El Defensor ratifica que «es habitual que no se expliquen las causas de la suspensión, que esto dificulta demostrar que se siguen cumpliendo los requisitos y que lleva a grave indefensión». Esta práctica «irregular y cruel es socialmente devastadora pues agrede a personas en situación de grave precariedad económica, de carencia de recursos económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, y por ello en riesgo de exclusión social».
Por otro lado, para RMI Tu Derecho la condena preventiva a varios meses sin ingresos «priva de acceso a las necesidades básicas más elementales y condena a situaciones desesperantes y a veces con consecuencias irreversibles. Las familias perceptoras de RMI carecen de ahorros».
Aún si logran demostrar que cumplen todos los requisitos, no por eso se les devolverá el dinero que les ha sido expropiado: «si se confirma su derecho a percibirla porque sí reunía los requisitos, no se produce reintegro automático de las cantidades dejadas de percibir».
Por ende, si no logran el levantamiento de la suspensión en el plazo de tres meses, se les quitará la renta mínima. En 2017 una de cada tres extinciones tuvieron esa causa.
El Defensor del Pueblo cita algunas otras irregularidades, como las suspensiones por no solicitar otras prestaciones cuando sí han sido solicitadas pero denegadas, con comunicación de ello a la Comunidad de Madrid, o defectos similares a los antes señalados pero en los procedimientos de valoración de nuevas solicitudes.
Los grupos de la campaña RMI Tu Derecho entienden que sea cual sea la composición del nuevo ejecutivo de la Comunidad de Madrid, este debería atender a las sugerencias del Defensor del Pueblo y a otras formuladas desde los colectivos de intervención social, pues «cualquier gobierno que se ensañe con la población empobrecida perderá su legitimidad».
Igualmente, reclaman que se publique de una vez el Balance Anual de Gestión RMI 2018 y manifiestan su indignación por no haberse hecho antes de las elecciones del pasado 26 de mayo.
