El malestar en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha cristalizado en una convocatoria de movilizaciones. El Sindicato de Bomberos (CSIT Unión Profesional) y CSIF han denunciado el cierre de su Unidad Médica debido a la falta de personal facultativo, una situación que califican como uno de los mayores ataques al colectivo en las últimas tres décadas.
Según explican las organizaciones sindicales, el servicio médico se ha visto obligado a suspender su actividad desde el pasado 30 de diciembre y, al menos, hasta este lunes 12 de enero. Los sindicatos atribuyen esta parálisis a «años de inacción» y a la pérdida de ofertas de empleo público para cubrir las plazas de médicos y especialistas.
A esta situación se suma la queja por la implantación de la mutua FREMAP. Los representantes de los trabajadores sostienen que se han detectado múltiples incidencias desde su llegada y rechazan lo que consideran un intento de hacer negocio con la salud de la plantilla. «Defendemos un Servicio Médico público, suficiente y estable», subraya Israel Naveso, portavoz de CSIT Unión Profesional.
Reivindicaciones: salud física y mental
El colectivo, compuesto por más de 1.700 bomberos y bomberas, reclama una estructura médica que no solo atienda las lesiones físicas derivadas de su profesión, sino que también incorpore de forma estable a psicólogos especialistas para abordar la salud mental, una demanda creciente dentro de los servicios de emergencia.
La denuncia se hace extensiva a toda la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 (ASEM112), ya que la Unidad Médica presta servicio a diversos colectivos del organismo que ahora se ven afectados por la falta de cobertura facultativa.
Calendario de protestas
Bajo el lema “Por la Unidad Médica y por el cuidado de la salud”, los sindicatos han convocado una manifestación para el próximo jueves 22 de enero. La marcha arrancará a las 11:00 horas desde la Dirección General de Función Pública y recorrerá el centro de la capital hasta alcanzar la Puerta del Sol, sede de la Presidencia regional. El objetivo es exigir a las consejerías de Función Pública y Hacienda una apuesta firme por este servicio esencial y el fin de su exclusión en la negociación colectiva.
