Más Madrid ha registrado hoy en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley que pretende incorporar el comedor escolar al conjunto de derechos que forman parte del sistema educativo, de manera universal y gratuita. Una medida, que de aprobarse tendría una aplicación directa sobre todos los niños, niñas y jóvenes de entre 0 y 16 años escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos.
La iniciativa surge «en un momento en el que muchas familias afrontan grandes dificultades económicas derivadas del encarecimiento del coste de la vida y, especialmente, de la crianza, que en la Comunidad de Madrid es el más alto de toda España», exponen. En este contexto, la formación ha defendido que «hacen falta propuestas que sirvan para mejorar el presente de las familias y la salud de la infancia, pero también para construir igualdad real en el futuro».
Según Más Madrid, integrar el comedor escolar en el derecho a la educación «permitiría garantizar que todos los menores de la región que estudian en la pública y la concertada acceden diariamente a una comida saludable y equilibrada, liberaría recursos directos para las economías familiares y reforzaría los procesos de socialización de los niños y niñas». Al mismo tiempo, la incorporación del comedor en el proyecto educativo de los centros «permitiría mejorar el conocimiento del alumnado sobre la producción, la elaboración y el consumo de alimentos, algo que tiene efectos positivos en su relación con la comida y en sus hábitos alimentarios a medio y largo plazo».
La formación sostiene que se trata de una medida de «alto impacto social, con beneficios tanto para las familias como para el conjunto de la sociedad, y que carece de efectos negativos que desaconsejen su implementación». La propuesta llega después de constatar que el modelo actual de comedor escolar en la Comunidad de Madrid «excluye sistemáticamente a miles de menores por motivos económicos». Al ser considerado un servicio complementario, el coste lo asumen íntegramente las familias, «algo que genera desigualdad estructural.» Los datos reflejan que el acceso al comedor escolar es regresivo: los menores de familias con rentas más altas asisten más que los procedentes de hogares con menos recursos.
Según Educo, mientras que en las familias de renta alta la asistencia diaria llega al 50% del alumnado, en las rentas bajas cae al 36%. Además, aunque el 31% de los menores de la región vive en situación de pobreza o riesgo de exclusión, solo el 13% recibe una beca de comedor. El sistema de becas, señalan desde Más Madrid, funciona de manera ineficiente e ineficaz, dejando fuera a más de la mitad de los niños y niñas que más lo necesitan.
Los datos de uso también evidencian un modelo estancado y desigual. En educación primaria, el 60% del alumnado madrileño acude al comedor escolar, un porcentaje superior a la media española (48%) pero aún muy por debajo de comunidades como el País Vasco (80,6%) o la Comunidad Valenciana (82,2%). En secundaria, la situación es especialmente preocupante: de los 163.491 jóvenes escolarizados en institutos madrileños, solo 1.775 cuentan con acceso a un comedor escolar, lo que supone apenas un 1,08%.
Desde Más Madrid consideran que esta estructura «no solo está rota, sino que agrava la brecha social y educativa en la región, perjudicando especialmente a quienes provienen de entornos más vulnerables. Por ello, defienden que es necesario ir más allá de las políticas tradicionales y apostar por una transformación estructural del modelo».
La Proposición de Ley registrada «busca precisamente ese cambio profundo». En ella se recoge que todos los menores escolarizados en educación infantil, primaria, secundaria, Formación Profesional básica y educación especial, siempre en centros sostenidos con fondos públicos, tendrán derecho garantizado al comedor escolar de manera universal y gratuita. Para hacerlo posible, la normativa plantea la creación de una Red Pública de Comedores Escolares que incorporará a todos los centros sostenidos con fondos públicos y permitirá que los menores escolarizados en colegios o institutos sin cocina puedan comer en un centro cercano sin ningún tipo de limitación.
La implantación del sistema se hará de manera progresiva durante los próximos cuatro años, comenzando por los niños y niñas en situación de riesgo de pobreza —que representan el 30% del total en la Comunidad de Madrid— para garantizar que quienes más lo necesitan sean los primeros en beneficiarse de la medida. Más Madrid sostiene que esta transición gradual permitirá asegurar la organización, infraestructuras y dotaciones necesarias para que el modelo funcione desde el primer día con todas las garantías.
En cuanto a la financiación, la inversión necesaria se estima en 837 millones de euros anuales. La cifra se obtiene a partir de los 869.123 menores escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos en las etapas educativas incluidas por la Ley, el coste actual del menú escolar —5,5 euros por comida— y los 175 días lectivos del curso. Desde Más Madrid recuerdan que el Gobierno regional mantiene más de 6.000 millones de euros al año «en desgravaciones y regalos fiscales dirigidos a grandes fortunas, y defienden que una reforma fiscal justa permitiría destinar parte de esos recursos a políticas que refuerzan la igualdad, alivian los costes de las familias y generan oportunidades que acompañan a la infancia durante toda su vida».
Más Madrid recuerda que el comedor escolar universal es una política consolidada en países de referencia educativa y social como Finlandia —donde existe desde 1943—, Suecia —desde 2011— y Estonia —desde 2002—. También se ha aplicado en distintas modalidades en Corea del Sur, Brasil, Reino Unido (incluyendo Londres) y varios estados de Estados Unidos. “No estamos inventando nada”, explican desde la izquierda madrileña. “Estamos adaptando a Madrid políticas de éxito internacional que ya han demostrado mejorar la igualdad, la salud y las oportunidades educativas”.
