Durante 2023 el número de denuncias y el de mujeres víctimas de la violencia de género en la Comunidad de Madrid volvieron a aumentar con respecto al año anterior, como viene ocurriendo de forma continuada desde 2013, con la única salvedad del año 2020, en el que la situación de las víctimas de la violencia de género estuvo condicionada por la crisis sanitaria del COVID.
A lo largo del pasado año, se registraron cada día un total de 83 denuncias y hubo 80 mujeres víctimas de estos delitos, cifras que se sitúan por encima de la media diaria registrada en el ejercicio anterior (76 y 73, respectivamente).
Según los datos anuales correspondientes a 2023, que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicos hoy, los órganos de los 21 partidos judiciales de la región recibieron 30.032 denuncias por violencia de género, un 8,1 % más que en 2022, año en el que se registraron 27.769; en cuanto a las mujeres víctimas, fueron 29.002, un 8,7 % más que el año anterior, con 26.690.
La suma de las órdenes de protección acordadas el pasado año ascendió a 2.920, un 12,9 % más que en 2022, mientras que las sentencias dictadas fueron 1.376, un 8,26 % más. El 82,63 % de esas resoluciones contenían un fallo condenatorio.
Un año más, siete de cada diez denuncias (71,41 %) fueron presentadas en Madrid por las propias víctimas, bien en el juzgado o en comisaría, cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, apenas un 2,26 por ciento del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 18,80 %; las originadas por partes de lesiones, el 4,85% y las presentadas por terceras personas, el 2,48 por ciento.
La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 79,4 en toda España, seis puntos y medio más alta que en 2022. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 124,8; Murcia, con 114,5; Comunidad Valenciana, con 106,5; Canarias, con 102,1; Andalucía y Navarra, con 88,8; y Madrid, como en otras ocasiones muy cerca de la media, con 80,9. Las tasas más bajas se contabilizaron en Castilla y León, con 52,5 víctimas por cada 10.000 mujeres; Galicia, con 53,1; País Vasco, con 56,8; La Rioja, con 58,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 62; Asturias, con 65,3; Aragón, con 72,8; Cantabria, con 76,7, y Extremadura, con 77. Dos de cada tres mujeres víctimas (65,22 %) eran españolas.
El 10,47 % de las víctimas renunció a declarar contra su agresor
El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron en Madrid a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó un 2,7 % respecto a 2022: un total de 3.038 víctimas renunciaron a prestar declaración contra sus agresores. Pese al incremento en el número total, el porcentaje de víctimas que se acogió a la dispensa (10,47 %) fue muy similar al de 2022 (11,7 %). De ellas, 1.570 eran españolas y 1.468 de otras nacionalidades.
Órdenes de protección solicitadas y concedidas
En 2023 se solicitaron en los órganos judiciales madrileños un total de 6.198 órdenes de protección. De ellas, fueron acordadas 2.920, un 12,9 % más que en 2022 y se denegaron otras 3.275, un 10 % más que en el año anterior. Un año más, los órganos judiciales acordaron prácticamente la mitad de las órdenes de protección, un 47,10 por ciento.
Del total de órdenes de protección dictadas por los órganos judiciales, 5.562 lo fueron por los juzgados de violencia sobre la mujer, que acordaron el 68,7 % de las solicitudes que recibieron; las otras 636 correspondieron a los juzgados de guardia, que acordaron 434 (68%) y denegaron 202 (34,76 %).
Medidas judiciales penales y civiles de protección
Los órganos judiciales de la comunidad de Madrid acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 6.412 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (2.643), que representaron el 41,21 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (2.508), un 39,11 por ciento.
Por otra parte, los órganos judiciales dictaron 2.130 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (545), que representaron el 25,58 % del total de medidas civiles adoptadas, las relacionadas con la atribución de la vivienda (662), el 29,20 % del total y la suspensión del régimen de visitas (475), el 22,30 % del total.
El 11,64 % de las medidas civiles (248) consistieron en la suspensión de la guardia y custodia. Todas estas medidas, tanto las de carácter penal como civil, se mantuvieron en porcentajes cercanos a los de 2022.
Ocho de cada diez sentencias fueron condenatorias
El pasado año, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales madrileños (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) en procesos relativos a violencia de género aumentó cuatro puntos respecto a 2022 y se situó en el 82,6 % del total. El número total de sentencias dictadas en 2023 fue de 60.172 y, de ellas, 48.525 fueron condenatorias y 11.647 (el 19,36 %), absolutorias.
El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 92,56 %, y en las audiencias provinciales, con el 81,02 % del total de sentencias dictadas. Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 69,08 % de los casos enjuiciados.
Principales datos del cuarto trimestre de 2022 en Madrid
Los principales indicadores de la violencia de género en la Comunidad de Madrid mostraron, durante el cuarto trimestre del año pasado, la tendencia al alza de toda la anualidad. El número de mujeres víctimas de la violencia machista, 7.685, fue un 28,4 por ciento más que en el mismo periodo de 2022, en el que sumaron 5.987. De ellas, 4.271 tenían nacionalidad española y 3.414 eran extrajeras.
También se incrementaron, en un 23,6 %, las denuncias, que sumaron 7.982 frente a las 6.456 del último trimestre de 2022. Casi tres de cada cuatro de esas denuncias, el 66 %, fueron presentadas por la propia víctima, mientras que su entorno familiar denunció los hechos en un 2,02 % de los casos.
El número de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber legal de prestar declaración disminuyó en un 7 % respecto al año anterior. En total, fueron 753 mujeres, es decir, el 9,79 % de las víctimas.
Los juzgados de violencia sobre la mujer en la región adoptaron entre octubre y diciembre de 2023 un total de 739 órdenes de protección, el 45,6 % de las 1.620 solicitadas ante estos órganos judiciales. A éstas se añaden las 110 órdenes adoptadas por los juzgados en funciones de guardia, el 68,32 % de las 161 peticiones recibidas.
En el periodo analizado, los juzgados impusieron 1.428 medidas de protección de carácter penal (derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares de protección y seguridad de las víctimas), siendo las más frecuentes la orden de alejamiento, 549 (38,44 % sobre el total) y la prohibición de comunicación, 664 (46,49 %).
Además, los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 526 medidas civiles, siendo las más habituales las relacionadas con la prestación de alimentos, 138 (26,23 % del total), la atribución de la vivienda, 127 (24,14 %) o la suspensión del régimen de visitas, 117 (22,24 %) y de la guarda y custodia, 75 (14,25 por ciento).
El número de sentencias dictadas por los órganos judiciales en materia de violencia de género fueron 1.489. De ellas, el 68,7 % contenían un fallo condenatorio, un 2,5 más que en el mismo periodo del año anterior.
