La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido en la sesión de ayer por la tarde mantener abierta la solicitud de las familias del colegio público Perú (distrito madrileño de Carabanchel) y vigilar el impacto de las obras de ampliación de la línea 11 de Metro sobre este centro escolar.
Tres representantes de la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del centro se personaron en esta comisión, con sede en Bruselas, para solicitar «la protección que no están recibiendo por parte de la Comunidad de Madrid», administración responsable del proyecto, y por «verse vulnerados los derechos de estas niñas y niños a una infancia saludable y a disfrutar de un entorno escolar de calidad”.
Tras el acuerdo, por parte de la Eurocámara, de mantener abierta esta solicitud, se analizará la posibilidad de una visita de información al centro educativo y al barrio para conocer el alcance del impacto de estas obras. La petición ahora admitida forma parte de otra realizada en abril de 2023, relativa a las talas masivas de arbolado en el marco de las obras de la línea 11 de Metro, y presentada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en nombre de distintas entidades vecinales.
Esa primera petición fue defendida por tres miembros de la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial quienes expusieron, durante su intervención en Bruselas, que el cambio de emplazamiento de la tuneladora que excavará el nuevo trazado destruiría el parque de Comillas, contiguo al colegio Perú y, por tanto, su entorno escolar.
Ahora, representantes de la AFA del Perú apuntaron esta idea, exponiendo el «elevado impacto de estas obras en un colegio que no cuenta con las medidas de protección que solicitan las familias, como refuerzo de todas las ventanas, climatización o medidores de calidad del aire». La obra comenzó el pasado diciembre y, hasta la fecha, la Comunidad de Madrid solo ha instalado unas pantallas acústicas para tratar de minimizar el ruido.
Tras escuchar los argumentos de los representantes de la AFA, el eurodiputado David Cormand, del grupo Los Verdes, tachó de “irresponsable” a la Comunidad de Madrid, indicando que esta administración “ha cambiado el proyecto y ha preferido sacrificar un parque público. Ha dilapidado un patrimonio formidable y ha decido poner la tuneladora junto a un colegio». “Nunca más se debe permitir masacrar árboles y poner en peligro la salud de nuestros niños por un proyecto de infraestructuras”, defendió.
Por su parte, César Luena, del PSOE, quien visitó el entorno de colegio a finales del pasado año, recordó que “los decibelios pasan en 10 puntos los niveles normales”, y que las familias “han tenido que venir a miles de kilómetros porque no les escuchan en la Puerta del Sol”. Asimismo, ha señalado la importancia de comprobar si se incumplen “los parámetros medioambientales, de salud y de derechos de la infancia”.
La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa se mostró abierta a visitar el colegio si fuera necesario, y remarcó que “tiene que haber una ventanilla única para contactar de forma rápida y operativa para resolver incidentes que pueden ocurrir y que van a ocurrir. Tenemos que ir viendo el desarrollo de la obra. Si queremos que sea lo menos lesivo posible necesitamos ese órgano de coordinación y que funcione bien”, insistió.
Por último, Esther Sanz, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, subrayó la importancia de mirar hacia las áreas de las ciudades con menos recursos: “hay que defender los derechos de los barrios humildes. Cuando hablamos de impacto medioambiental, es sobre las personas, es un impacto social. Son cosas que no se pueden separar”.
En sentido negativo expresó su voto, a favor de cerrar esta petición, el representante del Partido Popular, Pablo Arias, alegando que hay “un protocolo” por parte de la Comunidad de Madrid y que se están instalando pantallas acústicas móviles para minimizar los ruidos.
