La Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha abierto diligencias contra el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez-Almeida (PP) por el cantón de limpieza en el parque forestal de Vicálvaro, a instancias de la Plataforma organizada en su contra.
Los vecinos presentaron su denuncia ante la Fiscalía el pasado 15 de septiembre tras ver que entraban excavadoras en su Parque Forestal y comenzaban a arrancar árboles y excavar el terreno sin ningún tipo de cartel informativo y sin que el Ayuntamiento respondiera a las consultas que hicieron por registro y portal de transparencia.
En el escrito de denuncia solicitaban la paralización inmediata de las obras para abrir la investigación de un posible delito medioambiental. Algo que han conseguido que se vaya a realizar, según figura en la notificación de la Fiscalía que han recibido y a la que ha tenido acceso Gacetín Madrid.
Asimismo, los vecinos solicitaban en su escrito a la Fiscalía que, antes de continuar las obras, pudiera medirse el impacto medioambiental que estaba generándose. Lo cual es algo que han descubierto después que no existe porque el propio Delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, les confirmó en una videollamada que según el pliego de los cantones de licitación de los cantones, no les era necesario elaborar informe de impacto medioambiental, «ni siquiera en un terreno como el de Vicálvaro que ha sido durante 20 años parte del Parque Forestal, algo totalmente inexplicable».
Por último, los vecinos pedían a la Fiscalía que investigara si los motivos que llevaban a realizar esas obras «eran suficientes para ir frontalmente en contra de la Agenda 2030 o si por el contrario, había alternativas que evitaran esa aberración de desertizar parte de un Parque Forestal». Todo ello se lo preguntaban antes de conocer que justamente al lado, en el polígono que se encuentra a 100 metros , el Ayuntamiento estaba construyendo ya desde enero de 2023 un cantón adicional de más de 6.000 metros cuadrados en la calle Santeras, 51, «el cual ha estado perfectamente señalizado y con su cartel informativo desde el inicio, y por supuesto sin ningún tipo de oposición por parte de los vecinos, pues la ubicación es la idónea tanto para los vecinos como para los trabajadores».
Tras la segunda manifestación del pasado domingo por las calles de Vicálvaro y ahora con la noticia de la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, los vecinos no se explican «cómo el Ayuntamiento sigue haciendo caso omiso a la petición de parar las obras que los vecinos llevan más de mes y medio pidiendo, sino que siguen a toda velocidad realizándolas».
Las obras corren a cargo de Urbaser, S.A. la empresa adjudicataria por el Ayuntamiento del lote número 5 de limpieza del pliego de los cantones de Madrid por 234 millones de euros. Empresa adjudicataria contra la cual los vecinos también han cursado hace unos días denuncia a través de su canal ético por «no creer que cumplan su Código de Conducta al respecto de su punto 5: Protección del medioambiente, ni su Política Corporativa de Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Energía ni tampoco su Política Corporativa de Sostenibilidad haciendo estas obras en lo que ha sido 20 años un Parque Forestal.»
Al término de la manifestación de Vicálvaro, se pidieron públicamente 4 cosas:
1) Cantón SI, pero NO en el Parque Forestal, sino en el polígono junto al segundo cantón.
2) Paralización inmediata de las obras.
3) Tratar este problema con el Alcalde y dimisión del interlocutor previo Borja Carabante por su nula voluntad política y nula capacidad de dialogo, aparte de por mentir descaradamente e intentar politizar un problema vecinal que no tiene que ver con “colores políticos” sino con el sentido común.
4) Reunión inmediata de Vicálvaro con el Sr. Martínez-Almeida, y con representantes del resto de barrios afectados de Madrid y de toda la oposición y sindicatos. Es decir, un foro de diálogo entre todas las partes implicadas para llegar a la mejor solución para todos: vecinos, trabajadores y Ayuntamiento.
