A punto de cumplirse tres años desde su entrada en funcionamiento y tan solo dos años después de que, en diciembre de 2020, la presidenta Ayuso inaugurara el edificio conocido como el “donut de Valdebebebas”, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid está ya en un momento crítico. Reduce su capacidad a unas pocas neveras libres operativas.
Con varias decenas de cuerpos en sus instalaciones, algunos desde hace meses, una treintena de las cámaras de refrigeración individuales estropeadas y una cámara frigorífica colectiva inservible por falta del material necesario para colocar los cuerpos en las bandejas.
CCOO denuncia que «pasados los fastos y la propaganda de la construcción e inauguración de esta megaestructura, el Gobierno regional se ha desentendido de dotarla de los medios necesarios para su funcionamiento y del mantenimiento de algunos de los elementos más importantes que lo integran poniendo en riesgo la prestación del servicio público y la salud de los y las trabajadores del IMLyCF de Madrid».
En estos momentos «la situación en el centro que estaba llamado a convertirse en un referente forense internacional es tan alarmante que progresivamente se han averiado al menos un treintena de cámaras de refrigeración, varias de la cuales contenían cuerpos que se han comenzado a descomponer, y en el edificio se puede percibir el fuerte olor que sube desde los sótanos, donde están ubicadas las salas de refrigeración, hasta la primera planta, donde trabajan los y las funcionarios de Justicia».
El IMLyCF de Madrid cuenta con un total de 123 cámaras individuales –entre refrigeración y congelación-, de las que una treintena se han ido estropeando progresivamente, tal como ha podido comprobar este sindicato, lo que, sumado a las varias decenas de cadáveres que permanecen en las instalaciones, deja unas pocas neveras libres y operativas.
Y, aunque el edificio cuenta también con dos cámaras frigoríficas colectivas, una de ellas es para uso del Hospital Isabel Zendal y, la otra, «resulta impracticable porque dos años después de la inauguración del edificio, no está dotada de bandejas con rodillos deslizantes y resulta imposible colocar a peso los cadáveres en las situadas a modo de estantes en distintos niveles».
Además, las tres cámaras de refrigeración de la elogiada sala de bioseguridad, «tan publicitada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tampoco están en funcionamiento, no han llegado a estarlo nunca pero ni siquiera se está llevando a cabo ningún tipo de tarea de mantenimiento ni comprobación para garantizar, caso de ser necesario, su pleno funcionamiento».
CCOO vuelve a denunciar «la dejación de funciones y la negligente gestión de la Comunidad de Madrid, más preocupada siempre de la propaganda que del servicio público, siendo en este caso tan delicado y esencial, y siempre dando la espalda a los derechos de los trabajadores a desarrollar su labor en un entorno de salubridad. El sindicato exige medidas de inmediato para resolver esta grave situación para que garanticen un servicio público con unos mínimos de calidad y que se preserven las condiciones de salud e higiene para todos los trabajadores y trabajadoras del IML».
El 1 de febrero de 2020 entraba en funcionamiento este Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid, 14 años después de su creación, y varios meses antes de que se hiciera efectiva la mudanza a su sede actual en Valdebebas, el edificio conocido como “Donut” cuya construcción finalizó en el año 2010, y que fue el único que se llegó a ejecutar del fallido Campus de la Justicia proyectado por Esperanza Aguirre.
Este edificio cuya construcción inicial ascendió a 21.400.000 euros, se puso en marcha en plena pandemia, en diciembre de 2020, tras una década cerrado durante la cual los gastos de mantenimiento y seguridad fueron de 176.263 euros /año. A pesar de que el Gobierno regional invirtió otros 4.300.000 euros en obras de finalización del edificio, CCOO denunció su puesta en marcha en diciembre de 2020 porque «las instalaciones no reunían las condiciones óptimas para la prestación del servicio público a la ciudadanía madrileña».
«La dejación del Gobierno Ayuso no se queda ahí. Durante estos tres primeros años de vida del IML, la falta del material y equipos han impedido el normal funcionamiento del Servicio de Laboratorio, lo que ha hecho necesario remitir estas muestras al Instituto Nacional de Toxicología para su análisis», critican desde CCOO.
«El colofón del pozo sin fondo para los ciudadanos madrileños de la sede del IMLyCF en Valdebebas, erigida en estandarte de la futura Ciudad de la Justicia, lo pone el que gran parte de las salas y despachos distribuidos por las ocho plantas del edificio permanecen vacíos, y algunos a medio terminar, y mientras tanto el Gobierno Regional sigue manteniendo inexplicablemente un servicio del IMLyCF, concretamente la unidad de pericias extrajudiciales, perteneciente al Servicio de Clínica, instalada en un edificio de alquiler de la calle Fernando el Católico de Madrid», inciden.
CCOO denuncia que la gestión del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid «está plagada de sombras. El Gobierno regional no ha dudado, ahí no, de reconocer complementos astronómicos a los puestos de dirección (director y subdirector) que designa a dedo, a su medida. Y, además también lo hace con varias jefaturas, con total opacidad, a pesar de la obligación de convocarlas a concurso público. Una estrategia que CCOO considera muy grave porque con ella se garantiza que la mayoría del Consejo de Dirección del IMLyCF esté integrado por responsables del IML designados por el mismo Gobierno regional».
«Pero no sólo eso. En un grave ejercicio de desprecio a los y las funcionarios de Justicia, la Comunidad de Madrid, en connivencia con la Dirección del IML, institucionalizó el clasismo imponiendo un sistema de guardias 24 horas para los médicos forenses y otro mucho más penoso, de siete días (sábados, domingos y festivos incluidos) y peor retribuido para los y las funcionarios de los Cuerpos Generales de Justicia destinados en Valdebebas», relatan desde el sindicato.
Por primera vez en un organismo de Justicia «se generaba semejante discriminación. Mientras los forenses del IML realizan guardias de 24 horas, los y las funcionarios de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, se ven obligados a realizar guardias semanales, de lunes a domingo, por las que cobran lo mismo por una semana de trabajo que lo que se percibe en las guardias de 24 horas por los médicos forenses». CCOO sigue exigiendo que todo el personal del IMLYCF de Madrid «realice el mismo tipo de guardia y con el mismo salario hora».
