FACUA Madrid ha solicitado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que cumpla con una resolución del Defensor del Pueblo y refuerce de manera urgente la dotación de los medios humanos y materiales en todos los centros de salud de la región madrileña.
La queja, realizada por diversos centros sanitarios de la zona sur, señala la delicada situación que están atravesando desde antes de la pandemia provocada por la Covid-19 debido a la falta de gestión por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
En este sentido, la asociación, que ha tenido conocimiento tanto de la queja realizada como del informe elaborado por el organismo, ha vuelto a pedir por escrito al Gobierno regional que acabe con las demoras en las citaciones, poniendo fin a la sobrecarga del personal sanitario y asuma también todas las medidas indicadas en dicho documento con el fin de cuidar la calidad en la atención al paciente.
Videoconsultas y citas médicas telefónicas
Además, FACUA Madrid ha instado de nuevo a que se priorice la atención presencial entre médico-paciente y únicamente se utilizan las videoconsultas en ocasiones excepcionales. La asociación manifiesta su preocupación ante «la creciente utilización de dicho método, sobre todo en las urgencias hospitalarias, ya que puede verse comprometida la detección de la posible dolencia por la falta de contacto directo».
Por ello, FACUA Madrid entiende que dicha medida «debe ser un complemento a la sanidad presencial, en la que se traten sólo casos de mero trámite sanitario, como los resultados de pruebas o dudas concretas sobre la medicación asignada al paciente».
Externalización de servicios
Por otra parte, la asociación ha vuelto a solicitar que «se acabe con la derivación de pruebas diagnosticas a los centros sanitarios privados ya que con ello se está apostando de nuevo a la colaboración privada, en vez de reforzar los centros públicos».
Así, FACUA Madrid entiende que este modelo llevado a cabo por la Consejería de Sanidad está parasitando el Sistema Público de Salud Madrileño y se favorece que los hospitales de gestión privada tengan más actividad y mayores ganancias económicas a coste del erario público.
