El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ve «insuficiente y desajustada» la respuesta de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en cuanto a la documentación e información que ésta ha facilitado tras la denuncia interpuesta por CSIF Sanidad Madrid por el cierre de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la comunidad autónoma.
Al igual que otras instituciones y asociaciones de trabajadores, como la que agrupa a empleados del SUMMA 112, CSIF Sanidad Madrid interpuso una denuncia el pasado junio solicitando la reapertura inmediata de los 37 SUAP en las mismas condiciones que se cerraron, tanto para sus profesionales del SUMMA 112, como en el nivel de atención y asistencia sanitaria que recibían los ciudadanos.
El pasado julio la Comunidad de Madrid realizó un anuncio para reorganizar las urgencias en Atención Primaria. Primero les cambió el nombre: de SUAP a Puntos de Atención Continuada (PAC). Después avisaba de un profundo cambio organizativo: de los 37 SUAP existentes la Comunidad de Madrid decide cerrar de manera definitiva 20 de estos centros. De los 17 restantes que permanecerán abiertos, 10 lo harán con médico y 7 con enfermería. Estos centros valorarán la situación del paciente pero sin capacidad para atender urgencias extrahospitalarias. La Consejería de Sanidad justifica esta medida ante la «falta de médicos existentes en toda España».
Sin embargo, días después la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contradijo esto y afirmó que finalmente los SUAP sí se irán abriendo por fases en el mes de octubre. Mientras tanto, en pleno mes de agosto, desde Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se publicó una Resolución en la que se “obliga” a concursar de forma provisional a los profesionales estatutarios fijos del SUMMA 112 que tenían plaza adjudicada como destino en los antiguos SUAP, que mantendrán su actividad asistencial, horario de trabajo, funciones y ubicación como PAC, según dicta la Resolución, previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad.
Por la sucesión de todas estas noticias «contradictorias», desde CSIF han pedido amparo, ante el Defensor del Pueblo, como institución constitucional, con el fin de que supervise estas actuaciones de la Administración Pública en el ámbito de la Sanidad Madrileña.
Para el Defensor del Pueblo, tal y como recoge el escrito dirigido a CSIF Sanidad Madrid, “la respuesta facilitada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a la solicitud de esta institución de la memoria justificativa que pruebe la conveniencia de derivar los pacientes antes atendidos por los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) se considera insuficiente”.
La documentación aportada por la Comunidad de Madrid «no detalla en ningún caso los datos en los que dicen apoyarse para la adopción del cierre de los SUAP». Este cierre, que ya alcanza los dos años y medio, ha supuesto a su entender:
-El desbordamiento de la Atención Primaria al suponer un incremento en las consultas y un aumento de la frecuencia en la asistencia de medicina de familia y enfermería.
-El aumento en un 60% de la atención de pacientes en los servicios hospitalarios de urgencias, incrementándose en época estival en relación a los veranos anteriores de la pandemia, con los 37 SUAP en funcionamiento.
-El cierre de los SUAP ha impedido atender eficientemente la atención urgente extrahospitalaria de proximidad, que se centra en patologías menos complejas. Esto ha dado lugar a la saturación de las urgencias en hospitales, teniendo que hacerse cargo además de casos más complejos. Esto ha supuesto más demoras y saturaciones en estos servicios hospitalarios.
El Defensor del Pueblo lamenta «no poder dar soluciones por la falta de información aportada por la Comunidad de Madrid» y les solicita una memoria o documento justificativo que acredite la conveniencia de derivar la atención de los pacientes atendidos por los SUAP, donde se apoye con datos detallados la decisión de mantener suspendido el servicio en los SUAP en este este verano de 2022. Así mismo el Defensor del Pueblo reclama » el diseño de un nuevo modelo de Urgencias Extrahospitalarias, ante la falta de un borrador en relación a la nueva reapertura».
«El Defensor del Pueblo se muestra tajante ante nuestra denuncia y recomienda a la Consejería de Sanidad la necesidad de adoptar a la mayor brevedad posible todas las medidas necesarias que aseguren una correcta atención urgente presencial en los centros extrahospitalarios de la Comunidad de Madrid, cumpliendo los principios básicos de accesibilidad y atención en proximidad. Todo esto, con el fin de reducir la carga asistencial que vienen soportando los servicios hospitalarios de urgencias y los centros de Atención Primaria en nuestra comunidad», inciden desde CSIF.
Para CSIF Sanidad Madrid «queda patente que la reorganización de los servicios de urgencia extrahospitalarios no se basa en una necesidad real para mejorar su actuación, sino que se trata de un nuevo paso en el desmantelamiento del sistema sanitario público madrileño».
