La Comunidad de Madrid pone en marcha Mi Primera Vivienda para ayudar a los jóvenes menores de 35 años facilitando la concesión de hasta el 95% de la hipoteca de su primer hogar. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una inversión de 18 millones de euros para esta iniciativa, un 50% más del presupuesto previsto inicialmente, y cuyas solicitudes podrán presentarse durante el último trimestre de este año.
El Ejecutivo autonómico favorecerá con Mi Primera Vivienda la emancipación de aquellos jóvenes madrileños que a pesar de tener una solvencia económica no disponen del ahorro suficiente para lograr una hipoteca. Por ello el Gobierno regional, en colaboración con las entidades financieras, ofrecerá una garantía a aquellos que sí cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer frente a las cantidades restantes del importe de la vivienda que van a comprar.
Los interesados en ser beneficiarios de Mi Primera Vivienda deberán acreditar su residencia legal en la Comunidad de Madrid, de manera continuada e ininterrumpida, durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del préstamo y no deben tener otra casa en propiedad en el territorio nacional.
Serán los bancos, una vez que se hayan adherido al convenio con la Administración autonómica, quienes concederán los préstamos hipotecarios para la adquisición de los pisos por un importe superior al 80% y hasta el 95% del valor del inmueble, siempre que este no rebase los 390.000 euros tomando como referencia su valor de tasación o el precio de compraventa.
Estrategia de Natalidad
Mi Primera Vivienda está incluida en la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2022/26 de la Comunidad de Madrid dotada de 4.800 millones para su fomento, la protección de la maternidad y la paternidad o la conciliación familiar.
De este modo, las futuras madres menores de 35 años tendrán acceso a diferentes medidas regionales orientadas a facilitar la compra de una casa, como es el caso de este nuevo programa; también para el alquiler de inmuebles públicos, como el Plan Vive del Gobierno autonómico, con precios para el alquiler un 40% por debajo del precio de marcado, o para la ampliación de un máximo de dos años del seguro del impago de rentas a través del Plan Alquiler Joven.
