Este domingo, 27 de marzo, la Plataforma de Afectados por la Ocupación se manifestará al mediodía ante el Congreso de los Diputados para reclamar una ‘Ley Antiocupas’ que «defienda los derechos de todos y cada uno de los afectados/víctimas de la ocupación». A la concentración acudirán la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.
Las víctimas de la ocupación reclaman «medidas legislativas urgentes que acaben con la ocupación ilegal, así como acciones inmediatas para revertir la situación de los afectados». «Somos víctimas de una humillación legislativa, pero también de la indiferencia del gobierno y los partidos de la coalición», exponen.
«Su silencio, su inacción y la negación del sufrimiento de las víctimas con consignas huecas y distorsionantes, como bulos y alarma social, nos condenan a una agonía límite con graves perjuicios económicos, materiales y sobre todo psicológicos», denuncian.
La Plataforma de afectados por la ocupación, inciden, «lleva meses denunciando que los datos oficiales no recogen las múltiples soluciones extrajudiciales -nacidas al abrigo de la ineficacia del sistema judicial- que aumentarían exponencialmente las cifras reales del problema de la ocupación. Las acciones vecinales, las empresas de desocupación y los acuerdos entre ocupas y bancos / fondos de inversión evitan que las denuncias y los juicios -datos que recogen las estadísticas oficiales-«.
Igualmente, añaden, «no se valoran las nuevas formas de ocupación, como la inquiocupación, que golpea especialmente a pequeños propietarios que tenemos que asumir la responsabilidad del escudo social del gobierno. Los datos, pues, enmascaran un problema mucho más grande al reflejado por los pobres datos oficiales».
«Pese a todo, no aceptamos que el único discurso sobre ocupación gire en torno los vaivenes de las cifras, porque aunque haya una sola familia que tenga que asumir las consecuencias de la ocupación, el gobierno debe tomar medidas inmediatas para que la víctima no se encuentre totalmente desamparada». La plataforma de afectados por la ocupación «no solo habla de cifras sino de personas y familias que cumplen con sus obligaciones y que el gobierno y la legislación invisibilizan nuestro sufrimiento».
Los afectados por la ocupación «somos víctimas de un delito que nos ha convertido en un nuevo grupo vulnerable y vulnerado, y como tal, empatizamos y apoyamos todas las medidas encaminadas a favorecer a las familias vulnerables, pero no hemos nacido como contrapunto de otras plataformas o sindicatos, ni tampoco para cargar con las responsabilidades de servicios sociales ni del gobierno ante una batería de medidas indiscriminadas, basadas en la falta de equidad y exclusión de nuestro derechos».
«Nuestra cultura ensalza el valor del trabajo y del esfuerzo personal para conseguir nuestras metas; la constancia, la superación y la solidaridad son también valores de una sociedad sostenida por un estado de derecho y del bienestar que debería de velar por todos sus ciudadanos. No obstante, las víctimas de la ocupación nos sentimos abandonadas por un falso estado de derecho, lento, ineficaz y sin recursos, pero también por las instituciones responsables de asegurar el estado de bienestar, como el gobierno y sus representantes», señalan desde la Plataforma.
Este desamparo «se une a las consecuencias propias del fenómeno de la ocupación, que no para de extenderse bajo el amparo de Reales Decretos o leyes autonómicas antidesahucios, que permiten que miles de falsos vulnerables, o vulnerables con valores opuestos a la cultura del esfuerzo o al concepto de responsabilidad compartida, se vean amparados y hasta recompensados por normativas que obvian a los ciudadanos perjudicados por estas leyes».
Por tal motivo, la Plataforma de Afectados por la Ocupación rechaza la Ley de la Vivienda y la Ley antidesahucios de Cataluña que «lejos de luchar contra esta lacra, facilita y promueve la ocupación sin amparar a las víctimas. No concebimos una ley estatal de tal calado que ignora el grave problema de ocupación y a sus afectados».
Esta exclusión «supone una humillación legislativa a todos y cada uno de los afectados que se unen a las -ya de por sí- gravísimas consecuencias que acarrea la ocupación. Los afectados por la ocupación indirecta (ocupación vecinal) estamos hartos de tener que convivir con narcopisos, mafias, vividores y jetas».
«Nos amenazan para mantener su status privilegiado, nos extorsionan, nos insultan, nos obligan a asumir gastos de comunidad y servicios elementales como el agua –consumo derivado a la comunidad de propietarios- tenemos que costear destrozos y arreglos en zonas comunes, sufrir graves problemas de convivencia (a veces unidos a graves problemas de orden público y delincuencia), pero como víctimas también sufrimos alteraciones del sueño, depresión, ansiedad, trastornos, frustración e incomprensión, desamparo de la instituciones públicas y un descrédito total del estado de derecho y social», critican.
Tampoco «podemos olvidar las graves consecuencias de la inacción de gran parte de los bancos y fondos de inversión que abandonan sus propiedades hasta que atisban un rédito económico. Abandono que, en muchas ocasiones, provocan continuas reocupaciones que ponen de manifiesto el consiguiente desinterés por la convivencia pacífica de la comunidad».
Por otro lado, los afectados por la ocupación directa e inquiocupación «nos vemos abocados a procesos judiciales, que a veces, superan los 2 años. Nos obligan a asumir los gastos de abogado y procuradores –mínimo 3.000 euros- cuyo fin es reclamar y demostrar la posesión de lo que es nuestro-«. Otras muchas veces «tenemos que hacer frente a las vejatorias facturas de los suministros de quienes nos han ocupado ilegalmente, con el riesgo de poder ser denunciados por coacción o extorsión».
Denuncias que «también pueden poner los ocupas por acercarte a “tu” propiedad, reclamar cantidades adeudadas o solicitar que se vayan. La ocupación directa conlleva graves daños materiales y económicos hasta el punto de poder perder la única propiedad por deudas originadas por los ocupas. El daño emocional es incurable en aquellos casos en que los ocupas vulnerables destruyen todas las pertenencias y recuerdos de los legítimos propietarios y abandonan la propiedad con innumerables daño»s.
Por eso, «no podemos continuar debatiendo sobre datos mal recogidos para convencer a nadie de la injusticia que vivimos, del dolor de nuestro sufrimiento y de la agonía provocada por medidas que nos perpetúan en este desamparo legal. Somos miles las víctimas decididos a acabar con el bulo mediático de la “alarma social” que vierten sobre nosotros, defenderemos nuestros derechos y seguiremos luchando, ahora más fuerte que nunca, contra la inacción de los bancos, las mafias ocupas, los falsos vulnerables, los jetas, la opinión pública y un gobierno carente de diálogo y empatía hacia nuestro colectivo».
