La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que enviará hoy a la Fiscalía toda la relación de documentos sobre el contrato con Priviet Sportive, vinculado a su hermano y por el que este se habría llevado más de 55.000 euros por gestionar la llegada de mascarillas de China a la región madrileña.
Así lo ha indicado tras la inauguración de una biblioteca en Boadilla del Monte. «Como denuncié la semana pasada, estoy sufriendo un cruel ataque político donde se me ha negado la presunción de inocencia y donde han pretendido implicarme en corrupciones y malas prácticas», ha subrayado.
«Quiero agradecer a la gente que me ha mostrado su apoyo en estos días, también hoy aquí en el municipio de Boadilla, que no se trata de darme su confianza por cariño. Se trata de comprobar que lo que estoy diciendo es cierto y, por tanto, ganarme su confianza», ha expuesto Ayuso. «Lo que lamento es que con lo bien que vamos en Madrid, qué pena es tener que soportar ahora mismo esta situación porque yo quiero que los madrileños confíen en la ilusión y en la recuperación que ya se siente en toda la región, que sigue creciendo y creciendo».
En paralelo, ha añadido, «ahora he de defenderme en la Fiscalía, donde me han arrastrado maliciosamente. No pasa nada. Vamos a por ello. Por eso, les anuncio que hoy mismo, sin esperar a que nos lo soliciten, vamos a enviar toda la relación de documentos que tenemos con respecto a este contrato sobre el que se han arrojado insidias».
Un contrato, ha incidido, «ya fiscalizado por la Cámara de Cuentas, por la Intervención de la Comunidad de Madrid y que es perfectamente legal, un contrato que trajo material cuando no lo había y cuando los mercados estaban completamente desabastecidos en la primera etapa de la primera ola en el Hospital de Emergencias como en otros muchos sitios, cuando la compra centralizada del Gobierno fracasaba, cuando los sanitarios no tenían protección para trabajar y cuando no todas las empresas eran capaces de localizar material para traerlo».
Un contrato del que «tuve conocimiento un año y medio más tarde, nadie de mi Consejo de Gobierno, nadie intervino en la adjudicación del mismo. Por tanto, una vez enviada toda la documentación a la Fiscalía vamos a estar a su entera disposición por si fuera necesario algo más. Esta situación no es nueva, ya han intentado dañar mi imagen ante distintas instancias en decenas de ocasiones, sin éxito por cierto, y asumirlo sin atender a mis obligaciones».
Lo peor del asunto, ha terminado, es que «si seguimos recurriendo a este tipo de prácticas, nadie con prestigio va a querer venir a trabajar a la política porque se destrozan familias sin pruebas y solamente con el mismo fin. Y las empresas no van a querer colaborar con las instituciones si su anonimato se pone en tela de juicio y se daña su reputación sin piedad. Esto nos va a perjudicar a todos, pero especialmente a los ciudadanos».
