El contrato, que tendrá una duración de 24 meses –prorrogables como máximo durante otros 24 -, contempla la conservación y el mantenimiento del patrimonio inmobiliario judicial de la Comunidad de Madrid, así como la inspección y las labores especializadas de ascensores, equipos y otras instalaciones.
En total, este servicio adjudicado a la empresa Clece, que sumará casi 86.000 horas anuales, se aplicará en 69 recintos, en 63 de los cuales se ubican las sedes judiciales. Todos ellos abarcan una superficie de 358.772 metros cuadrados.
El proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022, aprobado el mes pasado por el Consejo de Gobierno, prevé destinar 100 millones de euros a la modernización de las infraestructuras judiciales de la región. De esa cifra, 19,6 millones están dirigidos a la construcción de nuevos edificios.