Ribera Salud deriva el análisis de cientos de PCR a hospitales públicos a pesar de tener un contrato por 76 millones de euros

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El Laboratorio Central mancomunado de los seis nuevos hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), cuya última adjudicación en el mes de julio recayó en la empresa sanitaria privada Ribera Salud, «está desviando diariamente centenares de muestras de PCR para detectar el coronavirus a los laboratorios y servicios de Microbiología de los hospitales públicos madrileños de tercer nivel como son el Hospital Universitario Gregorio Marañón o La Paz».

Así lo ha denunciado CCOO en un comunicado, que expone que la citada empresa remite un buen número de las muestras que tendría que procesar Ribera Salud a hospitales públicos, procedentes de los hospitales Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes -donde están situadas las instalaciones del laboratorio privatizado-, del Infanta Cristina de Parla, del Infanta Leonor de Vallecas y de sus respectivas áreas de influencia en Atención Primaria. Los otros tres hospitales que dependen de este laboratorio son el Hospital del Tajo, en Aranjuez; el Hospital del Sureste, en Arganda; y el Hospital del Henares, en Coslada.

CCOO Sanidad Madrid denuncia que Ribera Salud que consiguió este contrato de la Consejería de Sanidad por un montante económico de 76.377.136,8 millones de euros, durante cuatro años, “no tiene capacidad para procesar todas las muestras y no dispone de personal suficiente para hacer frente a la demanda actual”.

“En lugar de contratar más personal y aumentar sus recursos lo endosa a los hospitales públicos cuyos servicios de Microbiología ya están, de por si, saturados por la pandemia y con su personal exhausto y bajo mínimos. Nos preguntamos si van a abonar el coste de las pruebas que no realizan a las arcas públicas”, inciden.

Centenares de muestras

El Laboratorio Central de Análisis Clínicos cuenta con una plantilla de más de 200 profesionales y da cobertura, junto a otros cinco laboratorios periféricos, a los análisis de más de 1,2 millones de ciudadanos. Según los datos de que dispone CCOO, en las últimas semanas el Hospital Infanta Leonor de Vallecas tiene que remitir una media de 60 muestras de PCR diarias al Hospital Gregorio Marañón porque el laboratorio central no es capaz de procesarlas, con el consiguiente caos organizativo y los retrasos en los resultados que ello conlleva.

Procedentes de Atención Primaria y de los cribados aleatorios realizados, también se han enviado al Gregorio Marañón más de 2.600 muestras que tenía que procesar el Laboratorio Central.

Lo mismo ocurre con el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes que a pesar de ser la sede del laboratorio tiene que enviar sus muestras a La Paz para que procesen las PCR realizadas en Atención Primaria de Alcobendas. Al menos más de 1.100 en las últimas semanas. El viernes 21 de agosto La Paz notificó la realización del screening poblacional en la localidad de Alcobendas con la colaboración del SUMMA, con un total de 1.123 determinaciones.

Pero este hospital también se ha tenido que encargar de las pruebas para detectar el COVID-19 que se han realizado en Parla y que tendría que haber asumido el Hospital Infanta Cristina, que también depende del laboratorio de Ribera Salud. Solo del cribado de Parla, el Servicio de Microbiología de La Paz ha procesado 1.451 muestras.

Desde CCOO denuncian que el Gobierno de la Comunidad de Madrid «reprivatizó la instalación y se lo entregó en primera instancia a la empresa Analiza, la cual hizo una oferta económica para la gestión del mismo de un millón de euros menos, que la anterior adjudicataria BRSalud, a pesar de tener que dar servicio a una población asistencial mucho mayor que hace 11 años, cuando el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) lo dejó, por primera vez, en manos privadas».

CCOO Sanidad Madrid «lleva años exigiendo la reversión de la privatización de éste y otros servicios que la Consejería de Sanidad privatizó. Sin embargo, el nuevo gobierno del PP y Ciudadanos lejos de solucionar esta anomalía que perjudica a todos los ciudadanos, ha insistido en su política de dejar en manos privadas las analíticas y otras pruebas clínicas de laboratorio de los madrileños y madrileñas».

CCOO ya alertó el pasado año, tras la publicación de los pliegos de licitación del servicio, que «la escasez de medios materiales, de profesionales y las condiciones de precariedad laboral existentes en el laboratorio central, podían hacer mella en el servicio. Antes de la pandemia, la población diana del servicio ya había aumentado en más de un 6%, según las memorias del propio SERMAS, por lo que sin la presión de las pruebas para detectar el coronavirus los medios ya eran insuficientes».