La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el lunes 12 de enero, a las 10:30 horas, a la antigua cúpula de selección de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). En el banquillo de los acusados se sentarán el entonces rector, J. R. U., y otros cinco miembros de una comisión evaluadora, acusados de presuntas irregularidades en la adjudicación de plazas docentes en el año 2018.
Los hechos se remontan al 13 de febrero de 2018, cuando el Consejo de Gobierno de la UC3M, bajo el rectorado de J. R. U., constituyó una Comisión de Selección para cubrir plazas de los cuerpos docentes de la universidad. Dicha comisión estuvo integrada por J. M. S. P. (presidente), M. R. L. (secretaria) y los vocales J. A. O. R., E. F. A. y J. O. R.
Tras la convocatoria publicada en el BOE en abril de ese año y la celebración de las pruebas, el proceso concluyó en octubre de 2018 con la selección de tres profesoras: C. de D. F., M. P. G. y C. M. S. G.
La denuncia: «razones espurias» y trato de favor
El procedimiento judicial se inició a raíz de la querella presentada por M. V. G. L., un candidato que participó en el concurso y no resultó elegido. El querellante sostiene que sus méritos profesionales fueron ignorados por «razones espurias».
En concreto, la acusación particular argumenta que existían relaciones personales de colaboración asidua entre los miembros del tribunal examinador y las tres candidatas que finalmente obtuvieron las plazas. Aunque el afectado inició también trámites en la vía contencioso-administrativa, decidió ejercer la acción penal contra los responsables del proceso.
La postura de la Fiscalía: «no hay delito»
A pesar de la apertura del juicio oral en la Sección 17, el Ministerio Fiscal mantiene una postura de absoluta exculpación para los seis investigados. En sus conclusiones provisionales, el Fiscal es tajante al afirmar que «los hechos relatados no son constitutivos de delito».
Al no apreciar infracción penal alguna, la Fiscalía no solicita ninguna pena ni responsabilidad criminal para el exrector ni para los miembros de la comisión, quienes carecen de antecedentes penales. El juicio servirá para dirimir si la actuación de la universidad se ajustó a la legalidad o si, por el contrario, existió una arbitrariedad penalmente punible en la selección del profesorado.
