Las entidades locales de Madrid recibirían 565 millones de euros por la cesión de los remanentes, según un informe (enlace) de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes instan a los partidos políticos a «acercar posturas para financiar de la forma más eficaz el ingente gasto público que se requiere para apoyar a familias, empresas y sectores económicos tras la pandemia».
En este sentido, los Técnicos de Hacienda explican que las entidades locales de nuestro país, al cierre de 2019, tenían unos 14.852 millones depositados en los bancos que les están cobrando unos 70 millones en intereses negativos. Además, «ese importe es prácticamente indisponible, según la Ley de estabilidad presupuestaria vigente desde 2012».
Por lo que, inciden, «ganarían todos si los municipios y diputaciones prestan ese montante al Estado, por un lado, las entidades cobrarían un interés positivo mínimo del 0,05% anual por el préstamo a 15 años, y participarían del Fondo de 5.000 millones, y por otro lado, el Gobierno de España financiaría a largo plazo una parte de las ayudas públicas para la recuperación.»
En este sentido, los técnicos de Hacienda proponen «un pacto de Estado que se puede iniciar durante la comparecencia de la Ministra María Jesús Montero a primera hora de la tarde para informar sobre el acuerdo alcanzado entre el Departamento que dirige y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)».
De esta manera, con la información presupuestaria remitida al Ministerio de Hacienda por el 69,7% de los municipios del país, donde reside el 83% de la población, Gestha calcula que los municipios que más dinero recibirían serían las entidades locales de Cataluña y Andalucía, a los que se les transferirían más de 770 millones y 730 millones de euros, respectivamente. En el otro lado de la balanza de los municipios que cuentan con remanentes positivos, se encontraría Ceuta, que apenas recibiría 5 millones de euros.
Proyecto de Ley
La semana pasada, los técnicos ya pidieron que el Real Decreto Ley sobre el préstamo de los remanentes se convalide en el Congreso y se tramite como proyecto de ley para que pueda ser enmendado en las Cortes Generales, lo que facilitaría el acuerdo necesario entre los distintos grupos del arco parlamentario para despolitizar el debate y centrarlo en las medidas esenciales contra los efectos de la pandemia.
Asimismo, los técnicos defienden esta tramitación como proyecto de ley «para que los municipios dispongan del tiempo necesario para consensuar sus propuestas, puesto que los Técnicos de Hacienda reconocen que para algunas Entidades quizás no resulte suficiente el fondo de 5.000 millones para la recuperación económica y social que se distribuirá en 2020 y 2021, a pesar de que se les garantice recibir un mínimo de un 35% de los remanentes que presten, y que lo recuperen en 10 o 15 años conforme vayan recibiendo las amortizaciones anuales del préstamo».
Los Técnicos de Hacienda explican que «la falta de disponibilidad de los remanentes puede afectar a determinados ayuntamientos para asegurar el pago a proveedores dentro de los plazos legales, atender gastos urgentes no presupuestados, o realizar inversiones financieramente sostenibles, por ejemplo».
Dos posibles enmiendas parlamentarias
Así, Gestha explica que los municipios que no dispongan del remanente de tesorería «sufrirán una limitación importante a la hora de aprobar créditos extraordinarios o suplementos de crédito». Y para sortear este significativo inconveniente, los técnicos de Hacienda sugieren que «en el trámite como proyecto de ley las entidades locales puedan decidir qué parte prestan de sus remanentes, en vez de que ceder o no la totalidad de los mismos».
«También la prohibición de ceder los préstamos de los remanentes a terceros, sin el consentimiento previo de la Dirección General del Tesoro, implica la improbabilidad de obtener liquidez antes de los 10 o 15 años del préstamo; por ello, los técnicos proponen la creación de otro Fondo especial de liquidez a las entidades locales que lo soliciten con el aval del Tesoro Público sobre capital vivo prestado, que reintegrarían según vayan recibiendo las amortizaciones anuales del préstamo», exponen.
Este dinero permitiría a las entidades locales «pagar en plazo a proveedores, financiar aquel gasto urgente que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, o tendrían la posibilidad de financiar la parte restante del gasto comprometido en inversiones financieramente sostenibles acordadas con el superávit de dos años anteriores, previsiblemente, a partir de 2024».
