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La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca ha presentado ante la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo una petición urgente de Inspección y Auditoría a la Comunidad de Madrid ante su gestión «irresponsable y caótica» de la pandemia del COVID-19.
La demanda se ha registrado con copia a la Dirección General de Ordenación Profesional, de la que forma parte. En un comunicado, la MEDSAP da cuenta de las razones que, según exponen, le han llevado a este extremo: «situación del personal sanitario; las listas de espera; rastreadores y desviación de fondos públicos hacia entidades privadas».
“Hacemos esta solicitud ante la alarma generalizada que aumenta día a día viendo que el Gobierno de la Comunidad sigue empecinado en otros objetivos irresponsables y caóticos que afectan a los habitantes de toda la Comunidad”, indica en su nota.
“Habiendo denunciado la necesidad de tener en cuenta la Salud Comunitaria por encima de otros objetivos, estamos viviendo con horror que, en vez de ser ésta el objetivo prioritario tomando decisiones claras para acometer con la máxima capacidad todos los aspectos que pueden aminorar una segunda fase grave de la pandemia de la Covid-19, se toman decisiones peligrosas y contradictorias», añaden.
Inciden en que “los parámetros son claros: aumento de personal; estabilidad en los recursos; claridad operativa para todos los niveles asistenciales y máxima dotación en Atención Primaria y Hospitalarias, así como en una red de control de rastreadores en relación al baremo de la OMS que desde hace meses ya debía estar activa».
«Ninguna de estas decisiones se han tomado en función de la necesidad de garantizar la Salud de casi 7 millones de personas, sino que muy al contrario continúan con sus rutinas depredadoras de la Sanidad Pública, única capaz de garantizar la Salud Comunitaria; no han enmendado ninguno de sus errores, sino que al margen de lo procedente se está poniendo en mayor riesgo a la población aún habiéndose visto las graves consecuencias de la pandemia que han hecho de la Comunidad de Madrid epicentro de la misma; siguen haciendo peligrosamente otras inversiones, utilizando nuestra institución para seguir engordando mercados y especulación. Esto debe de cortarse por el bien de todas las personas”, concluye la mesa en su comunicado.
Foto: FRAVM.
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Esto tiene mala pinta y parece sólo un manifiesto político contra el gobierno de la Comunidad fuera del cauce parlamentario.
En cuanto a financiar servicios públicos ejercidos por entidades privadas, Madrid tiene una gran potencia sanitaria en manos privadas. Sería necio no aprovecharla para dar servicios sanitarios públicos en necesidades punta que no puede atender el personal sanitario funcionario o contratado por la Comunidad.
Esta plantilla no se puede sobredimensionar por su alto coste y porque hay otras necesidades presupuestarias también
prioritarias.
Hay además, lógicamente, políticas en los presupuestos aprobados por la Asamblea que corresponden a compromisos electorales y mantener estos es prerrogativa del gobierno de la Comunidad elegido democráticamente por la ciudadanía.