35 organizaciones suscriben un comunicado para impulsar el transporte público en este periodo de desescalada del confinamiento del COVID-19.
35 colectivos y organizaciones sociales, vecinales, políticas, ecologistas y sindicales madrileñas, entre las que se encuentra la FRAVM, además de miles de personas a título individual, han firmado un manifiesto en el que proponen una serie de medidas para impulsar el transporte público colectivo como principal solución de movilidad sostenible en Madrid, al tiempo que se garantice su función con total seguridad.
Los firmantes consideran que «recomendar» el uso del automóvil como alternativa de transporte en tiempos de pandemia es «una irresponsabilidad que no tiene en cuenta que el transporte público colectivo es una opción imprescindible para centenares de miles de personas que cada día utilizan el tren, el metro o el autobús», y que además «supone cerrar los ojos a los graves problemas que el coche ocasiona: contaminación, ruido, ocupación abusiva del espacio, peligrosidad, ineficiencia energética…, y al hecho de que su uso generalizado haría inviable el moverse por la ciudad».
La reducción drástica de la movilidad y del tráfico de vehículos a consecuencia del confinamiento ha supuesto una mejora sustancial de las condiciones ambientales; «una oportunidad para iniciar el camino hacia una ciudad más saludable, segura y resistente ante las crisis, oportunidad que ya han aprovechado muchas ciudades europeas ampliando el espacio urbano para peatones y ciclistas».
En este sentido, el manifiesto denuncia «la inacción de las administraciones públicas madrileñas por no preparar ningún plan para reforzar y promocionar el transporte público, para que siga siendo el eje vertebrador de la movilidad metropolitana».
Por todo ello, los firmantes plantean como alternativas»disminuir las necesidades de desplazamiento y escalonar las horas punta, fomentando el teletrabajo, flexibilizando horarios, simplificando las gestiones electrónicas con la administración, apostando por el pequeño comercio de proximidad y exigiendo que las nuevas urbanizaciones estén dotadas de todos los servicios públicos y sociales necesarios y de un plan de movilidad basado en el transporte público».
También «reforzar la seguridad sanitaria en el transporte público, intensificando la limpieza de vehículos y estaciones, estableciendo protocolos e indicaciones claras de aforos y de distancias de seguridad (especialmente en el metro, que es el medio de mayor capacidad) y dotando a todo los trabajadores de las medidas de protección necesarias».
Reclaman mejorar la oferta de transporte público, «con el doble objetivo de mantener el distanciamiento social y favorecer el trasvase de automovilistas al transporte colectivo». Para ello, se propone: «mejorar las frecuencias de paso de bus y metro, adecuando las plantillas de acuerdo a las necesidades existentes, aumentar los kilómetros de carriles bus en la ciudad y en las carreteras de acceso a la capital, favorecer la intermodalidad bici-TP, mejorar las tarifas mediante la introducción de un billete intermodal y de un abono social para personas desempleadas y sin recursos».
Por último, los colectivos firmantes plantean «la necesidad de aprobar de una ley estatal de financiación del transporte público y la creación un fondo de compensación con el objetivo de suplir las pérdidas causadas por la emergencia sanitaria a los distintos operadores del transporte público».
