La Comunidad de Madrid trabaja ya en los contenidos y trámites de la futura Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la región.
Se trata del nuevo marco jurídico que, en coordinación con la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, sentará las bases de las actuaciones de los organismos e instituciones en el ámbito de la protección civil y las emergencias.
La Ley entrará en vigor a lo largo de 2020 tras su aprobación en la Asamblea de Madrid, según las previsiones del Gobierno regional.
El Consejo de Gobierno ha conocido hoy un informe elaborado por la Consejería de Justicia, Interior y Victimas sobre el nuevo texto legal que permitirá estructurar un nuevo sistema autonómico integral de protección civil, establecerá los derechos y deberes de los ciudadanos en la materia y definirá las actuaciones ante los riesgos y las emergencias.
La aprobación de este nuevo texto normativo hará que por primera vez la Comunidad de Madrid cuente con una ley propia que regule la actuación de todos los servicios del ámbito de la protección civil y emergencias. Hasta ahora esta actividad se regía por una norma de ámbito estatal.
Protección jurídica frente a los pirómanos
Entre las novedades que incluirá la nueva Ley se encuentra la de regular la posibilidad de que la Comunidad de Madrid pueda personarse en todos los procedimientos judiciales por incendios intencionados en nuestra región.
Con esta decisión, el Ejecutivo madrileño quiere poner uno de los focos en los pirómanos, que ponen en peligro la vida de las personas, los bienes y el medio ambiente, un tesoro natural, patrimonio de todos los ciudadanos.
Además, la Ley pretende mejorar el régimen disciplinario interno de los servicios de emergencias y agrupaciones de voluntarios de protección civil, con el objetivo de clarificar su actuación y la cadena de mando de este personal en los dispositivos de emergencias que se pongan en marcha en el futuro. De esta manera se mejorará la eficacia y la eficiencia de estos operativos.
El nuevo texto normativo profundizará también en la normativa relativa a la auto-protección y prevención ante posibles desastres, concretando un régimen sancionador contra personas y entidades que lleven a cabo actuaciones negligentes y provoquen un daño al patrimonio natural o a las personas. De este modo, se ampliaría el umbral de seguridad y garantía de la sociedad frente a actuaciones negligentes.
Asimismo, se planteará una reorganización de los centros de emergencia, dotando a los operadores del 112 de herramientas que mejoren su labor y faciliten su profesionalización. Se trata de crear un cuerpo propio de gestores de emergencias y que la Comunidad de Madrid establezca, vía ley, una escala de mando, una escala operativa y una categorización como funcionarios agentes de la autoridad de estos profesionales.
Por último, se plantea una mejora de la organización de los servicios de bomberos y una definición más clara de las competencias regionales y municipales en materia de protección civil, rescate y salvamento.
