Miembros del antiguo Consejo Local de UPYD de la ciudad de Madrid, que fue disuelto por el Consejo de Dirección el pasado mes de noviembre, han acudido al juzgado 87 de Madrid con el objeto de intentar una conciliación, como paso previo a una posible querella criminal por un presunto delito de calumnias contra los miembros del Consejo de Dirección y el Consejo Territorial de Madrid. «No ha sido posible, hasta el momento, alcanzar acuerdo alguno», han indicado.
En abril de 2017 se celebraron las elecciones tanto al Consejo Local de Madrid, como al Consejo Territorial de Madrid. En ambos casos se produjeron victorias muy ajustadas, con solo dos votos de diferencia.
En Madrid Ciudad ganó la candidatura encabezada por Mario Cubo de María, que se convirtió en Coordinador del Consejo Local, frente a otra candidatura en la que figuraban Rubén Couso y Oscar Tejero, que tiempo después fueron incorporados al Consejo Territorial de Madrid, y también Alejandro Sanz Carrascal, hermano de Daniel Sanz Carrascal, miembro del Consejo de Dirección de UPYD.
Las elecciones a Consejo Territorial de la Comunidad de Madrid las ganó la candidatura formada por Cristina Pérez Gallego, Fernando Cortés, Juani Hernández Peces, Nuria Ceballos, entre otros.
según exponen los denunciantes, «el Consejo Local nunca tuvo presupuesto para realizar su actividad. Al principio, presuntamente, por escasez de medios del partido, aunque posteriormente el Consejo Territorial obtuvo ingresos por la venta de lotería, estos ingresos jamás repercutieron en la agrupación de Madrid».
Por esta circunstancia, los miembros del Consejo Local cubrieron por su cuenta algunos gastos menores, no sin antes pedir asesoramiento al gerente del partido, Adrián Ortuño, sobre cuál era el modo correcto de proceder, siendo su respuesta que «ni era necesario ni se debía pedir facturas», y tampoco informó de la necesidad de hacer tramite alguno, exponen.
En abril de 2018, Cristiano Brown, portavoz nacional de UPYD, comentó con Mario Cubo la existencia de un escrito de acusaciones enviado por Emilio Plaza Carcelén, en el que se recoge una acusación de “tener una caja B” y se habló de que el Consejo Local de Madrid podría estar incurriendo en financiación ilegal.
Tras unas explicaciones, el asunto pareció quedar zanjado. Los dos principales responsables del Consejo Local alegaron en su momento que habían seguido las instrucciones del gerente y que podían probarlo. También que el propio Consejo Territorial de Madrid reconocía en un informe de gestión que ellos también estaban corriendo con determinados gastos a título particular.
No obstante, y tras una serie de desencuentros, el Coordinador y la Responsable de Organización del Consejo Local dirigieron un burofax a la dirección del partido pidiendo aclaraciones sobre la forma correcta de realizar esas aportaciones, puesto que había versiones diferentes por parte del gerente y por parte del portavoz del partido. También reclamaron copia del escrito en el que se les acusaba, pues «en ningún momento se les daba ocasión de verlo para conocer el alcance real de esas acusaciones», inciden.
En noviembre, el coordinador, Mario Cubo y la responsable de organización del Consejo Local, María José Álvarez, «notan que no están recibiendo los mismos correos que el resto de los afiliados, y lo notifican a la responsable de Comunicación interna del CD, que no les responde», exponen.
Días después, añaden, «se enteran por terceros de que en un correo que ellos no han recibido el CD declara disuelto el Consejo Local y nombra una gestora, entre cuyos miembros están Pablo Martín Ugalde, Mariu Galán y Alejandro Sanz Carrascal, hermano de Daniel Sanz Carrascal, miembro del Consejo de Dirección».
«Entre los motivos que dan se encuentra al fin, el escrito con las acusaciones que en su día envió Emilio Plaza representando al Consejo Territorial. Cabe destacar que el citado Emilio Plaza es, para entonces, Responsable de Organización del Consejo de Dirección».
«Inoperancia» de la Comisión de Garantías
A lo largo de estos meses, por otra parte, los miembros del Consejo Local han recurrido, en varias ocasiones, a la Comisión de Garantías del partido, por diversos motivos:
1. En Julio varios afiliados, entre ellos el Coordinador y la Responsable de Organización del Consejo Local de Madrid, inician un procedimiento de garantía de derechos por la incorporación de un nuevo miembro al Consejo Territorial de Madrid, Alejandro Sanz Carrascal sin proceder a su ratificación por los afiliados en Asamblea Territorial. Según estatutos, esto es causa de disolución del Consejo Territorial. El CD archiva el procedimiento a pesar de las pruebas presentadas, y firma el citado archivo como “Consejo de Dirección”, sin que conste en ningún momento que en tal decisión se haya inhibido Daniel Sanz Carrascal, hermano del citado Alejandro.
Se presentan varios recursos a la Comisión de Garantías, que tan solo emite un acuse de recibo. Pero jamás notifica resolución alguna. El recurso queda sin respuesta, expirando el plazo de la CG para dar esa respuesta.
2. Al ser disuelto el Consejo Local, se presenta ante la Comisión de Garantías una Solicitud de amparo con petición de medidas cautelares. Pese a lo urgente de esas medidas hasta la fecha la Comisión de Garantías no ha resuelto, habiendo ya expirado el plazo.
3. En febrero, varios afiliados, entre los que están el Coordinador y la Responsable de Organización del Consejo Local electo, piden a la Comisión de Garantías la nulidad de una Asamblea Territorial que se ha celebrado sin que hayan sido convocados todos los miembros de la agrupación. De nuevo, acuse de recibo, pero nada más.
4. La responsable de Organización recibe una comunicación del Consejo de Dirección dándole de baja en el partido y, ejerciendo su derecho reconocido en estatutos, recurre ante la Comisión de Garantías que, una vez más, deja expirar el plazo y no resuelve.
«Obviamente, a los afiliados no les queda más opción que defender sus derechos por la vía legal. Por ello, algunos de ellos han puesto en marcha los procedimientos correspondientes y, ante la falta de avenencia en el acto de conciliación celebrado esta mañana, presentarán, de no variar esta situación, una querella criminal en las próximas semanas por presuntas injurias y calumnias», han incidido los denunciantes.
