Ediles y diputados nacionales críticos con Madrid Nuevo Norte, la antigua operación Chamartín, han criticado que Adif no les haya permitido acceso a documentación del expediente del proyecto, sobre todo lo referido a los contratos de la sociedad pública con la empresa Distrito Castellana Norte, al sospechar que «se ha dado suelo público a una entidad privada a precio regalado”.
Así lo han indicado a los medios de comunicación la coportavoz de IU, Sol Sánchez, y los ediles de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato (IU) y Rommy Arce (del sector Anticapitalistas de Podemos) a las puertas de la sede de Adif tras reunirse con el director de Patrimonio de la sociedad para tratar de tener acceso a los documentos de Adif sobre el contrato de venta de sus terrenos a la promotora privada de la operación Chamartín. Junto a ellos han acudido las diputadas en el Congreso Eva García Sempere (IU) y Sònia Farré (En Comú Podem).
Sol Sánchez, también diputada nacional de Unidos Podemos, ha señalado que han acudido este martes a la sede de Adif de cara a poder ver el expediente de la Operación Chamartín, dado que los propios letrados del Congreso entendían que los parlamentarios de la Cámara Baja tenían derecho a examinar estos documentos.
No obstante, la coportavoz de IU Madrid ha subrayado que para su “sorpresa”, desde Adif se ha explicado que no podían facilitar la consulta de esa información, dado que DCN presentó un recurso contencioso administrativo a una petición cursada por el Portal de Transparencia, que debe resolverse en instancia judicial.
“Adif se ha escudado en la existencia de un recurso Contencioso Administrativo de DCN (participada por BBVA y la constructora San José), contraria al acceso al expediente y hemos pedido que se nos haga entrega de esa negativa vía recurso de manera formal. Es triste que por un banco y una constructora representantes públicos no tengan acceso a algo tan importante para la ciudad de Madrid”, ha remachado Sol Sánchez.
La diputada nacional también ha señalado que, a su juicio y también al de los letrados del Congreso, tienen el derecho a poder acceder a ese expediente, que contiene “muchísimas cosas”, para analizar esa operación con datos objetivos.
En este sentido, ha indicado que ya trasladó al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre la operación Chamartín que tener “confianza” en terceros está “muy bien entre convecinos”, pero que cuando se es un representante público eso es “un deporte de riesgo”.
Su compañero en el Ayuntamiento de Madrid, el edil Carlos Sánchez Mato, ha tildado de “maniobra dilatoria” el recurso planteado por DCN cuando lo que pretenden es que la ciudadanía pueda acceder a “contratos y documentos” que afectan a un asunto “que es de todos”.
En base a los documentos difundidos en su día por ‘eldiario.es’, el edil de IU ha aseverado que las condiciones contractuales entre Adif y la promotora “han ido cambiando” a lo largo del tiempo “en beneficio de las empresas privadas y en contra de los intereses generales”.
Para Sánchez Mato, por “muy buena fe” que haya por parte de Adif, que transmite que “todo está bien” y “no hay ninguna irregularidad”, los representantes públicos quieren “transparencia” y acceso a esa información. Por tanto, ve “vergonzoso” que la legislación actual permita el acceso sobre datos del patrimonio público y cuando acuden los representantes electos de los ciudadanos a por ella, no puedan acceder a “ningún papel”.
Entiende que esa falta de información “arroja dudas” sobre el comportamiento de Adif y Fomento en algo que es “claramente lesivo” para los intereses generales, pues se ha vendido “suelo público a un precio insultantemente bajo” con “enormes beneficios” para una empresa privada por parte de una sociedad pública, como es Adif, “muy endeudada” (16.000 millones de euros).
Sánchez Mato ha indicado que los ediles de IU tienen la misma posición contraria a la operación Chamartín por razones también políticas, pues no aprueban que el desarrollo urbanístico de la zona norte de la ciudad esté en manos de una empresa que busca “su lucro a costa de Adif”.
Finalmente, Rommy Arce ha dicho que con la negativa de Adif, ha quedado patente que la Ley de Transparencia es “papel mojado” y que “el BBVA está haciendo valer todo su poder político” para impedir acceso a una documentación que “demuestra que la operación Chamartín es lesiva para los intereses generales”.
Adif aseguró a través de un comunicado en diciembre que el precio de los suelos de los que es titular en la operación Madrid Nuevo Norte no está por debajo de mercado.
El operador indicaba que el contrato que se pretende modificar para adaptarlo al nuevo marco urbanístico definido en la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento el pasado 20 de septiembre, afecta a un total de 1.154.478 metros cuadrados.
Son suelos de titularidad de Adif, Adif Alta Velocidad, Renfe Operadora y Renfe Fabricación y Mantenimiento, SME S.A. Hasta esta modificación los suelos ferroviarios afectados por el contrato tenían una superficie total de 1.952.844 metros cuadrados.
Lo más relevante en esta modificación contractual es que, a pesar de que la superficie a transmitir a Distrito Castellana Norte (DCN) por parte de las entidades ferroviarias se ha reducido en 798.366 metros cuadrados, señaló Adif, y de que la edificabilidad neta atribuible a los suelos ferroviarios disminuye en 575.246 (un 31,02%), “se mantiene inalterado tanto el precio establecido en el contrato hasta ahora vigente como la forma de pago pactada”.
El precio pactado es de 1.245.459.973 euros a pagar en 20 años más la entrega de parcelas urbanizadas sometidas a algún régimen de protección pública con una edificabilidad de 100.000 metros. Este pago en especie se ha valorado en otros 67.493.718 euros, por lo que el precio total es de 1.312.899.961. Continúa Adif sosteniendo que el ratio por metro cuadrado de suelo es, por tanto, de 1.137,22 euros el metro cuadrado.
