UPYD Madrid ha denunciado retrasos de 25 días en la atención urgente de personas dependientes y con movilidad reducida en Carabanchel.
Desde UPYD de la ciudad de Madrid han relatado el ejemplo de C.B.A, de 78 años, viuda, residente de Carabanchel, con su hijo incapacitado de 50 años, que tiene una movilidad reducida superior al 75%, solicitó el pasado día 15 de noviembre de 2017 el servicio de teleasistencia domiciliaria, y no fue hasta el día 5 de diciembre cuando se le instaló dicho dispositivo que permite a los usuarios avisar de cualquier emergencia en el hogar apretando el famoso botón, muy útil para cuando se vive sólo en el domicilio y se sufren caídas.
«Estos tiempos de espera son los mismos que en la época del PP de Botella», denuncian desde la formación magenta, que añaden que «nada ha variado con el nuevo equipo de Gobierno, que presumía de nueva política. Colectivos de emergencia social, como el descrito, catalogados como prioritarios, se ven abocados a esperar, en régimen de copago, un tiempo a todas luces excesivo y que, de sufrir accidentes, aparecerían en los medios de comunicación lamentando el infortunio».
UPYD Madrid «ha comprobado dichos hechos» y los califica como de “intolerable retraso injustificado» en casos catalogados de urgencia y necesidad. «Estas sombras vienen a reiterar la falta de rigurosidad de la gestión de Ahora Madrid, cuando en el pasado verano se trató de manera incomprensible e idéntica situación de urgencia social cuando la familia de Santi y Lydia, con hijos menores de edad, acampó a las mismas puertas de la Junta de Distrito al verse sin techo para cobijarse, cuando ambos en desempleo, perdieron la vivienda».
«En ese caso ni siquiera fueron catalogados de urgente necesidad. La solución final vino de la mano de Mensajeros de la Paz, pero los vocales vecinos de Ahora Madrid, dieron esquinazo a la familia sin ni siquiera interesarse por ellos en los 3 meses de protesta que duró delante del despacho de la Concejala Esther Gómez», critican.
UPYD Madrid «no ve justificado en ningún caso el retraso en la adopción de medidas cuando la calificación está realizada con criterios objetivos por los Servicios Sociales, sabiendo de la existencia de partidas extraordinarias de emergencia social en los presupuestos, que no están ejecutados en su totalidad en otras áreas en 2017».
