CCOO reivindica la anulación de los pliegos técnicos, solicita una adaptación del servicio con una calidad asistencial de primera necesidad y la revisión de ofertas económicas de las empresas con posibilidad de adjudicación, pues no han reflejado unos costes reales y la garantía salarial contemplada en el Convenio Colectivo de Enfermos y Accidentados en Ambulancias de la Comunidad de Madrid.
El Transporte Sanitario Terrestre programado, urgente o emergente, de la Comunidad de Madrid sufre también la privatización en el ámbito sanitario y de primera necesidad para la población y, desde que desapareció el 061, algunas multinacionales de la construcción o de servicios, que no están especializadas en este ámbito, han hecho acopio de un nuevo negocio en compensación a la falta de ladrillo.
El servicio ha ido degradándose desde 2004, los recursos humanos y vehículos apropiados para la asistencia sanitaria al paciente durante el traslado al servicio de Urgencias Hospitalarias se han reducido en más del 60%. Por otro lado en los servicios de traslados programados, el personal y los vehículos no son suficientes para la carga de trabajo que soporta este servicio y las personas usuarias, que pueden llegar a esperar hasta 5 horas para poder volver a su domicilio o lugar de destino desde el centro hospitalario.
La Consejería de Sanidad ni realiza ni ha realizado una labor de vigilancia o control en la prevención de la salud pública y ni mucho menos de coordinación con las empresas adjudicatarias ante posibles imprevistos, como ocurrió con el ébola y el caso de Teresa Romero. La Consejería debería ser consciente del alto índice de riesgo al que está expuesta la población por propagación de pandemias. De hecho es posible que esté atentando contra la salud pública de la Comunidad de Madrid, porque esta Consejería no tiene en cuenta que en la mayoría de los casos el personal de transporte sanitario terrestre programado urgente son los primeros en actuar, evacuar o trasladar a los pacientes y familiares a los centros hospitalarios.
La Comunidad de Madrid ha privatizado estos servicios alegando que hay un ahorro considerable para las arcas públicas, pero no tiene en cuenta o desconoce los costes reales; adjudica los concursos del Transporte Sanitario a la oferta económica más baja, sin valorar la calidad en la prestación del servicio o la actualización y aplicación de leyes o normas. En la actualidad, los concursos de Transporte Sanitario Programado se encuentran caducados o en período de prórroga, y las plantillas temen unas condiciones laborales aún peores que las actuales.
La plantilla del Servicio de Transporte Sanitario Urgente está en lucha contra un concurso barato y de poca calidad. Se ha exigido y logrado que responsables de la Consejería de Sanidad den explicaciones a los grupos políticos de la Comunidad de Madrid, quedando en evidencia la falta de conocimiento en la materia, la ocultación de datos estadísticos en traslados urgentes, y la posible irregularidad en las acciones y en los procedimientos de adjudicación.
