El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho público el balance económico y asistencial tras las seis jornadas de huelga convocadas por los sindicatos médicos en protesta por el nuevo Estatuto Marco. Según los datos facilitados por la Administración regional, el impacto económico de los paros asciende a 5,1 millones de euros, con una afectación que supera los 72.000 actos médicos suspendidos entre diciembre y enero.
Las movilizaciones, que sumaron cuatro días de huelga en diciembre y dos jornadas adicionales esta misma semana (14 y 15 de enero), han provocado un balance acumulado de 2.800 intervenciones quirúrgicas aplazadas. A esto se suman casi 6.700 pruebas diagnósticas que no pudieron realizarse y un total de 63.000 consultas externas que han tenido que ser reprogramadas en los distintos hospitales de la red pública.
En el desglose de los paros más recientes, la Consejería de Sanidad informó de que solo el pasado miércoles se suspendieron 300 cirugías y 650 pruebas. El seguimiento de las últimas jornadas se ha situado, según fuentes oficiales, en torno al 10% de la plantilla de facultativos.
Claves del conflicto: autonomía y derechos laborales
El núcleo de las protestas, impulsadas por sindicatos como SIME (integrado en CSIT Unión Profesional) y APEMYF, reside en el rechazo al borrador del Estatuto Marco que tramita el Ministerio de Sanidad. Los facultativos exigen una normativa específica que reconozca la «responsabilidad y trascendencia» de su labor, denunciando que el marco actual no atiende a sus particularidades profesionales.
Entre las principales reclamaciones del colectivo destacan:
- Reforma de las guardias: Reducción de la jornada consecutiva a 12 horas y que estas computen para la jubilación.
- Jornada de 35 horas: Equiparación con otros sectores públicos para facilitar la conciliación.
- Mejoras en el SERMAS: Regulación de la sobrecarga asistencial en hospitales y centros de salud mediante programas voluntarios y el aumento del precio de la hora de guardia.
Exigencias a la Administración regional
A pesar de que el conflicto tiene un origen estatal, los sindicatos instan a la Consejería dirigida por Fátima Matute a blindar derechos específicos en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Piden que se garantice el tercio de la jornada para investigación y formación, así como la voluntariedad en cualquier posible movilidad del personal. Por el momento, el Gobierno regional se mantiene a la espera de los próximos movimientos del Ministerio mientras evalúa el impacto de estas seis jornadas en las listas de espera de la región.
