El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha puesto bajo el foco judicial al delegado del Gobierno, Francisco Martín, tras admitir a trámite una denuncia de Manos Limpias. La investigación se centra en el dispositivo policial desplegado durante la última etapa de La Vuelta a España, marcado por las protestas propalestinas que derivaron en enfrentamientos. El juez busca dirimir si el delegado incurrió en una imprudencia grave o prevaricación administrativa al diseñar un plan de seguridad que la denuncia tilda de ineficaz.
El núcleo de la investigación reside en la supuesta desprotección de los efectivos antidisturbios. El escrito sostiene que los mandos recibieron instrucciones de actuar con «guante blanco», limitando la capacidad de respuesta de los agentes ante actos de violencia callejera. Esta falta de planificación y protocolos específicos habría provocado que 25 policías resultaran heridos, una cifra que contrasta con el bajo número de arrestos realizados, que se limitó a dos personas.
Mientras el delegado defendió la gestión del evento como un éxito de convivencia, el procedimiento penal ahora examinará si esas directrices políticas impidieron a los agentes cumplir con su cometido. Como parte de las primeras diligencias, se prevé recabar el testimonio de los policías lesionados y de los representantes sindicales que criticaron un operativo que, según afirman, «se diseñó para fracasar».
