El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha oficializado que la capital no será el escenario del podio final de la Vuelta a España en su edición de 2026. La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha ratificado este miércoles el cambio de sede en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, en un contexto marcado por la tensión política derivada de la última edición y una reclamación económica pendiente por parte de los organizadores.
La decisión de Unipublic, empresa gestora de la competición, traslada el desenlace de la carrera a la provincia de Granada los días 12 y 13 de septiembre de 2026. Los planes deportivos apuntan a un cierre espectacular en el entorno de la Alhambra, a la espera de la autorización de Patrimonio Nacional, y llegan tras fallar las negociaciones para llevar el evento a Canarias. Este movimiento interrumpe la habitual clausura en el Paseo de la Castellana, una tradición casi ininterrumpida desde 1978.
Cruce de acusaciones y facturas pendientes
La confirmación de la salida de la carrera se produce mientras persiste una disputa financiera. Según ha trascendido tras la publicación de El País, las arcas municipales aún no habrían desembolsado los 350.000 euros acordados por la etapa final de 2025. Aquella jornada estuvo marcada por el caos, ya que las protestas pro-palestinas forzaron a modificar el recorrido y dejaron deslucida la ceremonia de trofeos, aunque el alcalde Almeida prometió entonces abonar el canon «aunque la etapa no pudiera celebrarse con normalidad».
En su comparecencia, Inma Sanz ha defendido que la ausencia de la carrera en 2026 es coyuntural y no definitiva. “Es algo que ha ocurrido en otras ocasiones. Parece que este año será en Granada, pero la Vuelta volverá de manera sistemática a Madrid. Si no es el año que viene, será en los siguientes”, ha asegurado la portavoz, restando gravedad al cambio.
Sin embargo, la vicealcaldesa ha elevado el tono al referirse a los sucesos que empañaron la llegada a Madrid el año pasado, señalando directamente a la Administración central como culpable de lo que calificó como un “boicot”. Sanz fue contundente al responsabilizar a las altas esferas del Gobierno: “lo hicieron desde el presidente del Gobierno al ministro del Interior. Las personas que debían velar por la normalidad hicieron exactamente lo contrario”.
