julio 2024

La Guardia Civil, en el marco de la operación COMPLUTUM CAR, ha detenido a 10 miembros de una organización delictiva dedicada a la sustracción de vehículos en países europeos, que trasladaban a Madrid para matricularlos con documentación falsa. A los detenidos se le imputan los delitos de falsedad documental, receptación, estafa, simulación de delito, contra la seguridad vial y pertenencia a organización criminal.

En la operación se han recuperado nueve vehículos de gama alta, abundantes documentos para la falsificación y, documentos ya falsificados, así como más de 23.000 euros en metálico fruto de las ventas de los vehículos sustraídos. La comisión de estos delitos ha aportado a la organización criminal un beneficio económico de más de 1.700.000 euros, procediéndose al embargo de las cuentas bancarias de todos los detenidos.

La investigación se inició hace más de un año, cuando el Grupo Central de Investigación de la Agrupación de Tráfico, detectó la actividad de un grupo criminal muy especializado que se dedicaba a adquirir de manera ilegal vehículos en Alemania y los matriculaba en España, en su mayoría en la Comunidad de Madrid. Para ello, los transportaban hasta nuestro país y antes de matricularlos les pasaban la inspección técnica previa con documentación falsa para obtener la correspondiente tarjeta de ITV.

Gracias a la colaboración con las Jefaturas Provinciales de Tráfico, se pudo obtener que los expedientes de matriculación, donde acudían con la tarjeta de inspección técnica española y tras presentar de nuevo documentación falsificada, se les asignaban placas de matrículas nacionales. A continuación, y antes del señalamiento policial por sustracción, los transferían a terceras personas que desconocían su procedencia ilícita.

Gracias a la cooperación internacional con otros cuerpos de policía europeos, se pudo determinar las ramificaciones transfronterizas de este grupo criminal, Además, se pudo averiguar que los vehículos sustraídos en España se vendían en mercados internacionales, y del mismo modo, modelos sustraídos en otros países de Europa eran vendidos como vehículos legales, tras falsificar todos los documentos.

Vehículos de alta gama

Los miembros de la organización criminal adquirían vehículos de manera fraudulenta en Alemania y España, de diferentes marcas y modelos de alta gama. Una vez localizados y controlados, falsificaban la documentación que aportaban para no tener ningún problema a la hora de adquirirlos. Asimismo, viajaban desde Alemania a España y con la documentación falsificada los legalizaban para su posterior introducción en el mercado de segunda mano u ocasión.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo Central de Investigación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en colaboración con EUROPOL y la BKA alemana coordinados por la Unidad Técnica de Policía Judicial (Grupo de Patrimonio-Sección de Vehículos) y dirigida por el Juzgado de Instrucción número uno de los de Alcalá de Henares (Madrid).

La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), en la que participa la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ha hecho llegar al Gobierno central la petición de que se modifique la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) de forma que la persona física o jurídica que se proponga abrir una Vivienda de Uso Turístico (VUT) en un edificio residencial esté obligada a solicitar la aprobación de la comunidad de propietarios y que tan sólo pueda operar si recibe el voto favorable del 75% de los vecinos.

Representantes de la CEAV, con su presidente Julio Molina al frente, se han reunido con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, al que le trasladaron la importancia de incluir este requisito en el artículo 17 de una ley que actualmente permite que las comunidades de propietarios pongan límites a la apertura de viviendas turísticas en sus edificios pero con un lenguaje ambiguo ya que se refiere a “límites” pero no a “prohibición”. Y además, actualmente exige una mayoría del 60% para frenar la apertura.

En el encuentro acompañaron a Molina la vicepresidenta primera de la CEAV, Marga García, de CAVECAL (Castilla y León), el vicepresidente segundo y miembro de la FRAVM, Manuel Osuna, y el secretario José Óscar, de CONAVE (Andalucía). La sugerencia trasladada al ministro viene de la federación vecinal de Madrid, uno de los territorios más afectados por las VUT.

Aunque la propuesta del 75% de votos favorables es la preferida por las federaciones vecinales, “alternativamente planteamos que las comunidades de propietarios puedan prohibir la instalación de VUT en el edificio. Se entenderá que dicha prohibición es efectiva cuando el acuerdo se produzca con el apoyo de al menos el 25% de los comuneros. El acuerdo podrá modificar o no el título constitutivo de la comunidad de propietarios, se elevará a pública ante notario y se registrará en el Registro de la Propiedad. Sería conveniente establecer las tasas máximas aplicables para registrar el acuerdo y evitar los abusos que se están produciendo”, puede leerse en el texto propuesto por la FRAVM.

Por otro lado, los representantes vecinales trasladaron al ministro el acuerdo absoluto con la propuesta de multar con cantidades que pueden alcanzar los 100.000 euros a las plataformas de alquiler que incluyan pisos turísticos ilegales.

La CEAV aprovechó el encuentro para «poner una vez más el acento en la necesidad de intervenir con la máxima celeridad posible para frenar los problemas que están ocasionando las VUT en todas las grandes ciudades del territorio español, como la inflación de las rentas del alquiler residencial, la conversión de los barrios y ciudades céntricas en auténticos parques temáticos para el turismo y el grave deterioro de la convivencia en las comunidades vecinales».

La confederación trasladó al ministro las propuestas relacionadas con las políticas de vivienda que están recogidas en la Declaración de Barcelona y firmadas por las grandes ciudades del país. Así mismo, la confederación quiso mostrar su «más absoluta disposición a trabajar de forma conjunta con las administraciones y» con este fin recordó al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que la entidad «conoce de primera mano las dificultades que está generando la proliferación de este tipo de pisos ya que cuenta con representación en todos los municipios más afectados por el problema».

La CEAV está integrada por más de 100 federaciones que a su vez representan a más de 3.000 asociaciones vecinales. Su presidente, Julio Molina, agradeció la predisposición del ministro Pablo Bustinduy a estrechar la colaboración y pidió formar parte de la comisión que trata la cuestión de las Viviendas de Uso Turístico. “No podemos dilatar un sólo día más la adopción de medidas para evitar que los vecinos sigan siendo expulsados de los barrios donde han vivido siempre y para controlar el precio del alquiler ya que actualmente el acceso a la vivienda es un derecho que se le está negando a muchísimas personas”.