La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), en la que participa la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ha hecho llegar al Gobierno central la petición de que se modifique la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) de forma que la persona física o jurídica que se proponga abrir una Vivienda de Uso Turístico (VUT) en un edificio residencial esté obligada a solicitar la aprobación de la comunidad de propietarios y que tan sólo pueda operar si recibe el voto favorable del 75% de los vecinos.
Representantes de la CEAV, con su presidente Julio Molina al frente, se han reunido con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, al que le trasladaron la importancia de incluir este requisito en el artículo 17 de una ley que actualmente permite que las comunidades de propietarios pongan límites a la apertura de viviendas turísticas en sus edificios pero con un lenguaje ambiguo ya que se refiere a “límites” pero no a “prohibición”. Y además, actualmente exige una mayoría del 60% para frenar la apertura.
En el encuentro acompañaron a Molina la vicepresidenta primera de la CEAV, Marga García, de CAVECAL (Castilla y León), el vicepresidente segundo y miembro de la FRAVM, Manuel Osuna, y el secretario José Óscar, de CONAVE (Andalucía). La sugerencia trasladada al ministro viene de la federación vecinal de Madrid, uno de los territorios más afectados por las VUT.
Aunque la propuesta del 75% de votos favorables es la preferida por las federaciones vecinales, “alternativamente planteamos que las comunidades de propietarios puedan prohibir la instalación de VUT en el edificio. Se entenderá que dicha prohibición es efectiva cuando el acuerdo se produzca con el apoyo de al menos el 25% de los comuneros. El acuerdo podrá modificar o no el título constitutivo de la comunidad de propietarios, se elevará a pública ante notario y se registrará en el Registro de la Propiedad. Sería conveniente establecer las tasas máximas aplicables para registrar el acuerdo y evitar los abusos que se están produciendo”, puede leerse en el texto propuesto por la FRAVM.
Por otro lado, los representantes vecinales trasladaron al ministro el acuerdo absoluto con la propuesta de multar con cantidades que pueden alcanzar los 100.000 euros a las plataformas de alquiler que incluyan pisos turísticos ilegales.
La CEAV aprovechó el encuentro para «poner una vez más el acento en la necesidad de intervenir con la máxima celeridad posible para frenar los problemas que están ocasionando las VUT en todas las grandes ciudades del territorio español, como la inflación de las rentas del alquiler residencial, la conversión de los barrios y ciudades céntricas en auténticos parques temáticos para el turismo y el grave deterioro de la convivencia en las comunidades vecinales».
La confederación trasladó al ministro las propuestas relacionadas con las políticas de vivienda que están recogidas en la Declaración de Barcelona y firmadas por las grandes ciudades del país. Así mismo, la confederación quiso mostrar su «más absoluta disposición a trabajar de forma conjunta con las administraciones y» con este fin recordó al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que la entidad «conoce de primera mano las dificultades que está generando la proliferación de este tipo de pisos ya que cuenta con representación en todos los municipios más afectados por el problema».
La CEAV está integrada por más de 100 federaciones que a su vez representan a más de 3.000 asociaciones vecinales. Su presidente, Julio Molina, agradeció la predisposición del ministro Pablo Bustinduy a estrechar la colaboración y pidió formar parte de la comisión que trata la cuestión de las Viviendas de Uso Turístico. “No podemos dilatar un sólo día más la adopción de medidas para evitar que los vecinos sigan siendo expulsados de los barrios donde han vivido siempre y para controlar el precio del alquiler ya que actualmente el acceso a la vivienda es un derecho que se le está negando a muchísimas personas”.
