La Coordinadora Madrileña por una Moratoria del 5G, en la que participa la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), publica hoy una serie de datos recogidos en el Hospital Gregorio Marañón que «muestran una elevada exposición a radiofrecuencias (RF) y riesgo para la salud en las personas trabajadoras y usuarias de los servicios clínicos, situación que compromete, además, el derecho de personas electrosensibles a recibir adecuada asistencia médica hospitalaria».
Los datos fueron tomados el pasado 27 de febrero de 17:30 a 20:00 horas, explican. Tras la toma de estos indicadores, la FRAVM, Ecologistas en Acción y asociaciones de afectados por enfermedades ambientales (como SFC-SQM Madrid, EHS-EASC Bizkaia, BIZI BIDE Guipúzcoa) han elevado una reclamación a las personas responsables del servicio de atención sanitaria en la Comunidad de Madrid y a la dirección del Hospital Gregorio Marañón, por «no atender las alertas científicas actuales que solicitan aplicar el Principio de Precaución, ni a los límites propuestos por la Resolución 1815 del Consejo de Europa».
El estudio impulsado por la Coordinadora Madrileña por una Moratoria del 5G, al que pertenecen las asociaciones citadas, es de carácter no profesional y tiene por objeto «conocer la exposición real a radiofrecuencias». Se llevó a cabo con un medidor de elevada calidad Safe & Sound Pro II, certificado por el laboratorio de pruebas Nemko Canadá y electrónica fabricada en Silicon Valley.
Las mediciones fueron realizadas el 27 de febrero de 17:30 a 20:00 en pasillos, escaleras, salas de espera y en general zonas de tránsito público del hospital. «Las referidas a habitaciones y servicios se obtuvieron junto al umbral de la puerta desde el pasillo. En ningún caso, se accedió a lugares restringidos o privados», subrayan.
La coordinadora expone que los niveles de inmisión a radiofrecuencias, como los reflejados en la tabla que aparece al final de esta noticia, «son compatibles con los referidos en abundante bibliografía científica revisada» entre pares que «demuestran la nocividad o potencial nocividad”, especialmente en exposición a largo plazo y en situaciones de vulnerabilidad, tal y como constata, por ejemplo, el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo en su revisión exhaustiva sobre radiofrecuencias en 2021.
«La prescindible conectividad inalámbrica por radiofrecuencias, lejos de garantizar un entorno saludable, implica someter a la personas usuarias de estos servicios sanitarios a esta contaminación ambiental, lo que impide, entre otros, el ingreso, tratamiento y/o recuperación a personas afectadas por hiper-electrosensibilidad (EHS)», añaden.
En esta línea, exponen el caso sufrido recientemente en el Hospital Asepeyo de Coslada, donde una persona afectada por EHS «no pudo acompañar a su familiar, que tuvo que afrontar sola su ingreso para una intervención quirúrgica y recuperación». La medición realizada en la habitación registraba con Peak (picos) de intensidad de campo eléctrico de 6 V/m y promedios en densidad de potencia en torno a 5000 μw/m2 (de 5 a 50 veces por encima de la referencia del Consejo de Europa para la población general). La responsable de enfermería ofreció otras habitaciones disponibles, todas con niveles muy elevados, y el técnico encargado denegó desconectar el wifi de la habitación. Las organizaciones resaltan que, en caso de invertir los protagonistas, la persona citada no hubiera podido recibir el tratamiento quirúrgico adecuado.
Conocedores de que el grado de afectación por exposición a la radiación electromagnética depende de la intensidad del foco emisor, la distancia y el tiempo de inmisión recibida por cada persona, los datos obtenidos «reflejan, como botón de muestra, la exposición a radiofrecuencias que sufren profesionales y personas usuarias de los servicios sanitarios, muy superior a los valores precaucionistas aconsejados por diferentes paneles científicos e instituciones, como los recogidos por la Resolución 1815/2011 del Consejo de Europa que recomienda en interiores un límite de 0,6 V/m (≅ 1000 μW/m²) en primera instancia, para llegar al 0,2 V/m (≅ 100 μW/m²)».
Las alertas científicas que cuestionan los límites de exposición actuales
El informe presentado por el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo en 2021, revisó el estado de la investigación (7.886 estudios) sobre las radiofrecuencias utilizadas desde el 2G al 5G, constatando los riesgos cancerígenos, reproductivos y del desarrollo en el que se centró dicho estudio. Como institución asesora científico-técnica del Parlamento Europeo, propuso en dicho informe minimizar la exposición a radiofrecuencias entre la población, por ejemplo, rebajando los límites de exposición y primando la conexión por cable a la inalámbrica.
La Comisión Internacional sobre los Efectos Biológicos de los Campos Electromagnéticos (ICBE-EMF) en 2022, recoge las conclusiones de múltiples estudios científicos sin conflicto de interés, que muestran la afectación a los organismos vivos muy por debajo de la mayoría de las normativas internacionales y nacionales.
En esta línea, son innumerables las alertas científicas y expertas, como la de las 17 sociedades científicas que componen la ‘Comisión Iberoamericana de Protección Radiológica de Campos Electromagnéticos’ (CIPRACEM, 2021). Dicha CIPRACEM, también alerta del impacto ambiental de la comunicación inalámbrica de radiofrecuencias, hasta 10 veces más energívora que por cable, con sus implicaciones en el aumento de gases de efecto invernadero y el calentamiento global.
Dichos llamamientos claman por aplicar el Principio de Precaución, en la línea del principio ALARA/ALATA (tan bajo como sea razonable/técnicamente posible). La legislación española sobre contaminación electromagnética CEM «es muy permisiva respecto a otros países y asociaciones internacionales, que alertan y cuestionan los intolerables valores de referencia».
«Ante el incumplimiento legal de crear una Comisión Interministerial de Radiofrecuencias y Salud, distintas administraciones públicas incurrieron en prácticas de conflicto de interés al asesorarse por el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), organismo lobista español cuya Secretaria General la ostenta el propio Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones», critican.
Las alternativas
Ante la «profusa colocación de antenas y redes inalámbricas en centros sanitarios, los valores obtenidos serían extrapolables a otros hospitales». Las asociaciones proponen las opciones TIC biocompatibles y ecosostenibles, respetuosas con las personas usuarias y profesionales:
a) Implementar la comunicación por cable a través de conectores de Ethernet, al menos, en todos los espacios de acceso público evitando la radiación inalámbrica en el entorno interior. En el espacio exterior hospitalario instar a la administración competente, la creación de ambientes seguros prohibiendo la ubicación próxima de fuentes de emisión inalámbrica potente, habitualmente generadas en las bases de antenas. Ejemplo: el Hospital Arzobispo Makarios III ya cableó en 2019 sus unidades pediátricas que catalogó cómo zonas libre de wifi y de dispositivos móviles en esta línea, dentro de la campaña institucional chipriota de protección a niñas y niños de la exposición a radiofrecuencias.
b) Valorar conexiones LIFI, opción inalámbrica sin radiofrecuencias más biocompatible, cómo la iniciada en 2014 en el Hospital de Perpiñán, centro francés especializado en atención prenatal.
c) Garantizar espacios libres de contaminación electromagnética a las personas afectadas de EHS (en la asistencia ambulatoria, ingreso hospitalario y urgencias), así como en los servicios pediátricos y materno-infantil. Todo ello en línea con los puntos 8.1.4 de la Resolución 1815/2011 del Consejo de Europa y el 8.3 de las recomendaciones de Servicio de Investigación del Parlamento Europeo de 2021.
