La Comunidad de Madrid ha incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos generales para 2024 aprobado hoy por el Consejo de Gobierno las primeras inversiones para construir la Ciudad de la Justicia. Así, el Ejecutivo regional destinará 2,8 millones de euros para la elaboración de los proyectos de obra del complejo que unificará las actuales 28 sedes judiciales de la capital en una parcela en el barrio de Valdebebas.
El Gobierno autonómico construirá y gestionará de manera directa la decena de edificios que se alzarán a lo largo de los próximos siete años. La actuación ocupará aproximadamente 236.000 metros cuadrados sobre rasante y 198.000 bajo rasante en un solar con una superficie de 132.000.
Esta actuación se divide en dos lotes que se irán desarrollando en paralelo en diferentes etapas hasta 2030. La fase 0 arrancó el mes pasado con la redacción de los anteproyectos de obras por parte de los técnicos de la Dirección General de Infraestructuras Judiciales, trámite administrativo que concluirá en noviembre.
Posteriormente, se procederá a licitación que está prevista para marzo de 2024 y la adjudicación de ambos en verano del mismo año –con un presupuesto aproximado de 660 millones de euros-. A partir de ahí se abre un periodo de seis meses para la elaboración de los proyectos finales de la Ciudad de la Justicia.
Las obras, dentro de un año
Las excavadoras comenzarán a trabajar sobre el terreno previsiblemente a principios de 2025. Los primeros edificios que se levantarán serán los de las nuevas sedes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Audiencia Provincial de Madrid y 105 juzgados de Primera Instancia, con sus aparcamientos subterráneos y servicios propios.
El partido judicial de Madrid está compuesto por 374 órganos jurisdiccionales que dan cabida a 33.000 personas diarias entre empleados, profesionales externos y ciudadanos. El Ejecutivo autonómico pretende hacer una Administración de Justicia centrada en la persona, más accesible, eficiente y cohesionada en beneficio de los madrileños y los trabajadores del sector.
La optimización de recursos y las nuevas instalaciones de la Ciudad de la Justicia permitirán un importante ahorro a las arcas públicas, de más del 50%, en los costes en alquileres y costes fijos de las actuales sedes. La Administración regional ostentará la plena propiedad de las instalaciones y será la beneficiaria de los ingresos obtenidos por la explotación de los servicios adicionales.
